Derecho de honor

ENLACE POLITICO / Alejandro Govea Torres

2012-02-22 19:54:00

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Juan Silva Meza, analizará el tema de la publicación de los nombres de presuntos delincuentes en medios de comunicación, ya que existe una demanda por daño moral de una persona detenida por las autoridades policiacas como presunto autor de un delito de homicidio en el Estado de Querétaro.

El quejoso argumenta en la demanda que el Ministerio Público no pudo comprobar el delito del que se le acusaba, pero su nombre apareció en diversos medios de comunicación como presunto culpable.

La decisión que tomen los ministros de la SCJN será de vital importancia porque se podría tipificar como delito la publicación o difusión de los nombres de las personas involucradas en diversos delitos, como cotidianamente sucede en los operativos de las fuerzas militares y policíacas sin que existan pruebas de los delitos o ilícitos que supuestamente cometieron.

Existen innumerables quejas en contra de las autoridades militares y policíacas por detenciones arbitrarias o revisiones ilegales luego de que reciben una denuncia anónima, pero sobre todo cuando los presuntos culpables son presentados ante los medios de comunicación y luego resulta que las pruebas resultan insuficientes o apócrifas.

Por ejemplo, resultaría interesante ver la decisión que tomarán los ministros de la SCJN en torno a la investigación que hay en torno a los 3 ex-gobernadores de Tamaulipas, puesto que la PGR supuestamente no lleva ninguna investigación y toda la información del caso supuestamente se filtra a través de la DEA.

Los ex-gobernadores priístas, es decir Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, han declarado que no han sido notificados por parte de la PGR, ni mucho menos por parte de la DEA, incluso han visitado los Estados Unidos sin que sean molestados.

Los priístas señalan que se trata de una campaña de desprestigio de parte del gobierno federal, mientras que el actual titular de la Secretaría de Gobernación, (SG), Alejandro Poiré Romero, intenta convencer de que no es cierto y que dice que se respetan las leyes en nuestro país.

En fin, no hay duda de que la decisión de los ministros de la SCJN será determinante en la demanda que presentó el ciudadano queretano, puesto que deberán de marcar muy bien los límites de dos importantes derechos marcados en nuestra constitución, que es el derecho a la información y por supuesto el derecho al honor que tiene toda persona a su buena imagen, nombre y reputación.

En otro tema, los aspirantes a las nominaciones del PAN que perdieron se quejan de varias irregularidades y amenazan con interponer demandas para la anulación de las elecciones internadel pasado domingo, sin embargo nadie mejor que ellas y ellos saben, bien que saben, que nunca salieron a conseguir el voto de los militantes y adherentes panistas en la entidad.

Por ejemplo, la doctora Maki Ortiz Domínguez, filtró entre varios periodistas que no fue a votar porque estaba viciado el proceso interno, pero en realidad nadie mejor que ella sabe que ni siquiera realizó reuniones para pedir el voto o el respaldo de sus compañeros y compañeras de partido.

En caso de ser cierta la versión de la ahora ex-funcionaria de la Secretaría de Salud, debió de presentar pruebas el mismo día de la elección para constatar de las supuestas irregularidades ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PAN, que preside José Espina.

En la misma circunstancia está la ex-dirigente municipal del PAN en Tampico, Hilda Gómez Gómez, quien interpuso una queja formal con el pretexto de que fue rasurado el padrón de militantes y adherentes, pero en realidad el ahora candidato a la diputación del VIII distrito electoral Germán Pacheco Díaz, es una gente muy conocida y apreciada entre la militancia panista de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com

Alejandro Govea Torres