Regulación de las autodefensas

Política y derecho / Anwar David Mansur Sánchez

2019-09-12

Anwar David Mansur Sánchez

CD. VICTORIA, TAM.- El tema de los grupos de autodefensas ha propiciado todo tipo de debates públicos propiciando posturas antagónicas, desde las que proponen prohibir tajantemente su regulación y existencia, y otras que son partidarias de su legitimación por medio de mecanismos de regulación legal y control operativo por parte del Estado.

Me llamó la atención la postura que hizo recientemente un diputado local independiente -más bien sin partido- del Congreso de Tamaulipas, HUMBERTO RANGEL VALLEJO, quien ha propuesto la idea de derogar la fracción séptima del artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, con la finalidad de eliminar cualquier disposición o interpretación legal que permita la operación de estos grupos de autodefensa, cuya presencia en los escenarios sociales del país y de nuestro Estado es del conocimiento público.

Al respecto, el artículo 8, fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establece que es obligación de todos los habitantes del Estado entre otras, “Tomar las armas en defensa del pueblo en que vivan cuando éste fuere amagado por partidas de malhechores, acatando las disposiciones que al efecto emanen de la autoridad local”;hasta aquí la cita.

Argumenta el citado representante popular, que el contenido de dicha disposición constitucional es “inoperante” y “obsoleto”, al referir que la seguridad pública es una función que está a cargo del Estado, en sus diferentes órdenes; y que por dicha razón, debe impedirse que civiles armados ejerzan funciones de seguridad pública. Postura que a simple vista parece impecable.

Esta disposición tiene sus orígenes allá por el año de 1921, cuando efectivamente, el contexto social, político e histórico de nuestro país eran muy diferentes.

Sin embargo, no estoy de acuerdo con dicha propuesta. 

En primer lugar, porque con el hecho de derogar tal disposición no se va a resolver la problemática existente, particularmente en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero.

En segundo lugar, porque todo poder legislativo debe observar y ser sensible a la realidad social. Pues contrario a lo que afirma el diputado Rangel, esa maravillosa región citrícola fue sistemática e impunemente abandonada por el Estado Mexicano -en sus tres órdenes de gobierno- desde el año 2010 hasta la fecha, quedando su población a merced de la delincuencia.

Considero que derogar dicha disposición constitucional, equivale a cerrar los ojos ante la realidad que todos conocemos.

Equivaldría también a que nuestro Poder Legislativo tamaulipeco, prefiere sacarle la vuelta a un fenómeno que está ahí presente, en lugar de regularlo y legislar al respecto. Sería una clara omisión legislativa.

En vez de derogar el artículo 8, fracción VII de la Constitución local, porqué mejor no actualizarlo y adecuarlo a la realidad social, diseñando una legislación o reglamentación que establezca límites, estructura y organización en la actuación de estos grupos, como sucede con las Guardias Rurales, que a nivel federal ya están reguladas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.

El tema no es fácil de tratar porque involucraría la participación de muchos actores; desde las fuerzas armadas, hasta los sectores productivos de la sociedad.  

Pero creo que constituye una gran oportunidad para todos los órdenes de gobierno, en el proceso de pacificación que se busca. Especialmente para el Congreso de Tamaulipas, cuya actual Sexagésima tercera legislatura pasó con más pena que gloria, siendo de las más improductivas y ocurrentes que hemos visto, según gran parte de la opinión pública local. 

Así las cosas, no debemos olvidar que las normas jurídicas deben adaptarse a la dinámica social para que tengan eficacia plena, y no dejar espacios vacíos que después legitimen abusos, o conductas contrarias a nuestra seguridad y al bien común.

Esa debe ser la labor de todo legislador.

Correo electrónico: anwardavid80@hotmail.com

Derechos Reservados © La Capital 2019