Ocurrencias y onanismos de partidos

OPINIÓN PÚBLICA / Felipe Martínez Chávez

2021-02-21

Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En días previos a la campaña electoral del 2019 -diputaciones locales- ocurrencias onanísticas de los abogados del PRI y Movimiento Ciudadano, generaron incomodidad e indignación en algunos medios de prensa locales.

Suponían que la candidata a diputada por el distrito 14, Pilar Gómez Leal, cometía actos anticipados de campaña (lonas que desplegó en domicilios), ejercía publicidad personalizada y pagaba inserciones en prensa.

De buenas a primeras embarraron a medios como El Mercurio, El Cinco, Gaceta, Hoy Tamaulipas, Noticentro y Muro Político en presunta difusión pagada.

Editores y representantes legales fueron citados ante el órgano colegiado para que aceptaran o negaran pagos que es evidente no existían.

No es la primera vez que los partidos respaldan recursos de juicios sancionadores y denuncias, aportando como “pruebas” lo que publican los medios impresos o sus páginas en redes.

De hecho, casi la totalidad están apoyados en eso, en lo que más bien tiene tintes de escándalo, ganar espacios mediáticos. Los abogados lanzan la acusación y esperan que el Instituto “investigue” y sancione y, si el dictamen es de absolución, apelan a tribunales.

¡Otra vez la burra al máiz¡ con Movimiento Ciudadano, cuyo regidor Daniel González Tirado, presumió una solicitud de juicio en contra de la ahora Presidenta sustituta, Pilar Gómez Leal, por una reunión a la convocó en el Casino Victorense para exponer el programa de obras públicas.

En la víspera, el propio regidor amenazó con demandar al diputado Arturo Soto Alemán, por lo mismo.

Muy fácil denunciar sin pruebas e inmiscuir a la prensa. Los partidos deberían buscarle por otro lado, hacerse de elementos, audios, videos o documentos.

Cada año es la misma historia. No entienden que no es fácil acreditar la campaña anticipada. Que se tenga memoria, a ningún candidato o precandidato a cargos de elección en Tamaulipas se le ha quitado el registro por esa presunta falta o delito.

Este proceso no será la excepción. Al final, los acusados son absueltos o se les condena con una “amonestación” privada” o  pública.

Los partidos, incluyendo al PAN-gobierno, no quieren entender que la Ley Electoral tiene lagunas y hay que hacer correcciones en tiempo –un año antes de los comicios- y forma vía Congreso del Estado. No hay una sola iniciativa para “afinar” estos juicios, o bien castigar a quien denuncie en falso, lo cual sería un acertijo.

Dice la Ley –y la jurisprudencia- que un acto anticipado de proselitismo es cuando “se hacen llamados manifiestos e inequívocos” de apoyo  o rechazo electoral, es decir, sin que las expresiones “puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido”.

Es tiempo que le paren los partidos. Ningún precandidatos va a cometer la burrada de incitar al voto fuera de tiempo. Deben pedir en cambio regular lo que se llama “actos anticipados de precampaña”.

Le echamos una “ojeada” al catálogo de sujetos sancionados por el IETAM, y a nadie se le ha fijado una pena ejemplar, o en ocasiones se quitan el castigo en tribunales.

La lista nos dice que el 12 de junio del 2018 la presidenta de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez y su colaborador Raúl López López, fueron sancionados  con una “amonestación pública” por usar recursos  del erario al asistir a un mitin del entonces candidato a la Presidencia, Ricardo Anaya Cortés. Estaban en horario laboral.

Más acá, en 2020, el morenista de Reynosa, Rigoberto Ramos Ordóñez, recibió una amonestación privada por promoción personalizada, tanto Juan Manuel Flores Perales, regidor y médico de Nuevo Laredo, por publicitar su consultorio en anuncios panorámicos.

Otros por ídem: Ciro Hernández Arteaga, de Altamira, y el diputado Salvador Rosas Quintanilla, representante por Nuevo Laredo.

Amonestaciones públicas de 2019 en contra de: Martha Patricia Palacios Corral, Imelda Margarita San Miguel y Juan Enrique Liceaga Pineda, ahora diputados locales.

En 2017-2018: Yésika Janeth Selvera Garza (Abasolo), José Alfredo García Jasso (alcalde de San Fernando) y Miguel Angel Almaraz Maldonado.

Golpes al bolsillo, a la cartera, destaca el que se impuso el dos de septiembre del 2018 a la propia Maki Oriz, por la cifra de 40 mil 300 pesillos (como quitarle un pelo a un gato)  por coacción al voto y uso de recursos públicos.

Resumen: El juicio sancionador contra la precandidata (reelección) en Victoria no progresará porque en el casino nunca se pidió votar por persona o partido alguno. Los consejeros del IETAM y magistrados de TRIELTAM no pueden interpretar la Ley a su antojo.

En asuntos de la UAT, la Asamblea Universitaria aprobó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, presentado por el Rector José Andrés Suárez Fernández, ello durante reunión virtual que tuvo como sede el Centro de Gestión del Conocimiento Campus Victoria. 

Acordaron también la creación de maestrías en las facultades de Derecho Victoria y Tampico, Comercio y Administración Nuevo Laredo y  Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, en Victoria.

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