Qué difícil es pedir perdón

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tal parece que el gobierno de Tamaulipas no está muy acostumbrado a pedir perdón.

Este miércoles el Periódico Oficial publicó en cuatro párrafos, 12 líneas, la “disculpa pública” que le fue ordenada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según la recomendación 36VG/2020.

Se refiere a los muertos de Nuevo Laredo, “levantados” por personal de la Marina en coordinación con policías estatales, entre febrero y mayo del 2018.

Está firmada simplemente por “Gobierno de Tamaulipas” y resume 331 páginas de una amplia investigación de la CNDH que duró dos años.

A la Marina debió costarle trabajo declarar públicamente ese “perdón” a familiares de por lo menos 26 víctimas. Lo hicieron el martes en Nuevo Laredo.

Para la administración estatal no mereció un evento alusivo. Ni un boletín de prensa.

Es la primera vez en la historia de esta tierra que los marinos aceptan responsabilidades y piden disculpas, por lo que sus elementos no debieron haber hecho.

No fue cualquier chistecito: Trece muertos (localizados), de ellos once adultos y dos menores, “levantones”, cateos y 13 personas que siguen desaparecidas.

Emitida el 13 de julio del 2020, la recomendación es para el jefe de la Marina, José Rafael Ojeda Durán; el Fiscal General, Alejandro Gertz Manero; el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, y El alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar.

Leer el expediente genera la idea que fue una “acción de exterminio”, de la cual al final nadie se quiso hacer responsable.

A petición del Gobierno de Tamaulipas, con fecha 11 de diciembre del 2017, la SEMAR ordenó el despliegue de 257 elementos navales en tres bases de operaciones en Nuevo Laredo, “a fin de coadyuvar en el mantenimiento del Estado de Derecho”, ante la “ineficiencia de las autoridades del estado y del municipio”.

El compromiso era “proporcionar apoyo en materia de seguridad al Gobierno del Estado, mediante el despliegue de personal militar con la finalidad de auxiliar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública”.

Fue una larga noche de crímenes que terminó hasta el 31 de mayo cuando los elementos fueron retirados, luego que DH recibió 17 quejas de organismos y ciudadanos, y pidió que la “operación” terminara.

Debieron ser cientos de “levantones” y cateos sin orden judicial. La inmensa mayoría de las víctimas no denunciaron.

Se hizo la investigación más grande de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este territorio. Sus funcionarios visitaron 16 veces la ciudad fronteriza.

Hicieron 52 solicitudes de información general, 14 para la SEMAR, cuatro para la Fiscalía estatal, cuatro para la presidencia municipal, entre otras.

Elaboraron 36 actas circunstanciadas de hechos y gestiones, 33 opiniones psicológicas y establecieron 16 comisiones de trabajo.

Los investigadores consideraron el hecho como una “violación sistemática” de derechos humanos. De las denuncias recibidas, solo dos personas fueron liberadas con vida. Los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas de la ciudad fronteriza y Anáhuac, N. L.

Estremece leer el documento, pero más indigna las respuestas evasivas de funcionarios de Marina y del Gobierno del Estado para ocultar responsabilidades.

Por ejemplo, debieron sentir impotencia los visitadores de DH cuando hasta en cinco ocasiones, entre el 7 de febrero y el 12 de septiembre del 2018, los encargados del C4 de allá informaban, vía oficio, que no contaban con videos solicitados porque carecían de cámaras.

Impotencia y desconcierto cuando, igual, informaban que entre el 8 y el 10 de mayo (hasta las 16:16 horas) del 2018, los números de emergencia 911 y 006 no recibieron llamadas “porque el sistema se encontraba dañado por fallas en la energía eléctrica”.

A lo largo del extenso expediente no aparecen nombres, ni de víctimas ni victimarios para no lastimar a nadie. Quedarán en el anonimato con la promesa de que no volverá a suceder.

Hay 30 detenidos, todos de la secretaría de Marina ¿sólo ellos responsables?.

Pero también fueron víctimas. Perdió la vida un Capitán de Corbeta en hechos registrados el 18 de marzo del mismo año. Un enfrentamiento con la delincuencia organizada.

Lo más valioso de todo es que los actores se comprometieron a no repetir la historia ¿será cierto?.

Enlace a la recomendación de la CNDH

PD.- Este miércoles el Congreso del Estado acordó inscribir en letras doradas en el recinto oficial de sesiones, la leyenda: “2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México”.