Cabecistas vinculados a extorsiones y huachicol

Nuevas versiones apuntan a que durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el combate al contrabando de combustible —conocido como huachicol fiscal— habría estado marcado por presuntas prácticas de extorsión encabezadas por funcionarios cercanos a su círculo familiar.

De acuerdo con testimonios y señalamientos públicos, Marco Antonio Guerra García, primo del exmandatario y entonces director de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), habría utilizado su cargo para exigir pagos a empresas transportistas de hidrocarburos en la frontera norte. Dichas acciones, según las versiones, se realizaron en complicidad con el exdiputado Arturo Soto Alemán y con Alberto Terán Lara, conocido como “El Güero Simil”, quien también ocupó posiciones clave en la dependencia.

La presión ejercida sobre las compañías de transporte habría alcanzado tal magnitud que, en su momento, el propio García Cabeza de Vaca se vio obligado a separar temporalmente a Guerra García del cargo. Sin embargo, en diciembre de 2020, el funcionario fue reincorporado a la COEPRIS, ya bajo la coordinación de Terán Lara.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo, también documentó presuntas irregularidades relacionadas con familiares de Guerra García en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde se habrían detectado desvíos de recursos.

Aunque el exgobernador ha sostenido en entrevistas que su administración combatió el tráfico de combustibles ilegales, los señalamientos sugieren que, lejos de erradicarlo, este fenómeno se convirtió en un negocio millonario operado desde el interior de su propio gobierno.

Congreso pide indagar omisiones cabecistas

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Prieto Herrera, planteó la necesidad de revisar la actuación del exgobernador y de los cuerpos de seguridad de su administración, al señalar posibles fallas en los filtros instalados en los cruces fronterizos.

Según el legislador, durante una entrevista con Carmen Aristegui, resulta cuestionable que dichos puntos de control, bajo responsabilidad de grupos especiales de la policía estatal, no detectaran el paso de unidades presuntamente utilizadas para el trasiego de combustibles.