¿Paridad de género o nepotismo?

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente las iniciativas que obligan a postular únicamente mujeres para las gubernaturas, como la llamada “Ley Mariana” en Nuevo León, o la “Ley Ruth”, en San Luis Potosí, que reserva la candidatura de 2027 para mujeres, al considerarlas contrarias a la Constitución y al principio de evitar nepotismo electoral.

Cabe mencionar que el Congreso de Nuevo León aprobó en primera vuelta reformas que fijan alternancia de género hasta 2033, pero que en 2027 obligarían a que la candidatura fuera femenina. La medida beneficiaría a Mariana Rodríguez, esposa del Gobernador Samuel García.

Sheinbaum pidió al exministro Arturo Zaldívar revisar la constitucionalidad de estas disposiciones locales y recordó que a nivel federal ya se prohíbe la postulación de familiares hasta el cuarto grado a partir de 2030, línea que en Zacatecas, eventualmente, no afectaría al hermano de Ricardo Monreal, aunque éste ha recomendado a su aspirante hermano esperar y la semana pasada llegó a declarar que la gente de ese estado ya no quiere otro Monreal porque “nos agotamos el apellido”.

Con el rechazo presidencial, la llamada “Ley Mariana” y la “Ley Ruth” quedan debilitadas y se abre la posibilidad de que sea revisada en su constitucionalidad.

Está muy clara la postura presidencial contra el nepotismo electoral, recordando que a nivel federal ya se aprobó una reforma que prohíbe la postulación de familiares hasta el cuarto grado a partir de 2030.

No obstante, la discusión sobre paridad electoral se ha intensificado en varios congresos estatales, bajo el argumento de que nunca ha gobernado una mujer en ciertas entidades.

En cuanto a San Luis Potosí, cabe añadir, el Congreso del Estado aprobó una reforma electoral que regirá los comicios de 2027, con la cual se establece la postulación obligatoria de mujeres a la gubernatura.

La medida, supuestamente, responde al principio de alternancia de género, que busca garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres en cargos de elección popular.

El argumento se centra en que durante el proceso electoral anterior los partidos postularon únicamente hombres, lo que activa la obligación de que en 2027 las candidaturas sean exclusivamente femeninas.

No se debe pasar por alto que la aprobación generó protestas afuera del Congreso potosino. Un grupo de ciudadanos, en su mayoría mujeres, rechazó la medida al considerar que está diseñada para favorecer a Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

PLAN EMERGENTE FRENTE A LA IMPUNIDAD

El artículo firmado por Ernestina Godoy Ramos en El Universal expone la puesta en marcha de un Plan de Acción Emergente, con base en seis ejes centrales, que busca responder de manera inmediata a los retos de la procuración de justicia en México. La propuesta se articula con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y con el gabinete encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando que la coordinación institucional no es una opción política, sino una obligación frente a las víctimas y la sociedad.

El planteamiento de Godoy refleja su visión integral de la procuración de justicia, donde la coordinación y la inteligencia son pilares para combatir la impunidad. La insistencia en fortalecer las fiscalías estatales y en modernizar la investigación criminal apunta a cerrar las brechas entre el nivel federal y local, históricamente un punto débil del sistema.

Asimismo, el énfasis en la ciencia y tecnología marca un giro hacia la profesionalización y la evidencia probatoria, alejándose de prácticas improvisadas que han debilitado la persecución penal. Sin embargo, el reto radica en la implementación efectiva: la reestructuración interna y la capacitación requieren recursos sostenidos y voluntad política para trascender el discurso.

El artículo también deja claro que este plan emergente es solo una respuesta inmediata, mientras se prepara el Plan Estratégico de la FGR y el Plan de Persecución Penal, que definirán el rumbo institucional a mediano y largo plazo.

La propuesta de Ernestina Godoy se presenta como un intento de recuperar la confianza ciudadana en la justicia mexicana. La clave estará en que los seis ejes no se queden en lineamientos generales, sino que se traduzcan en resultados tangibles frente a delitos que afectan directamente la paz pública.