Corrupción y deudas, males crónicos de las COMAPAS

Por años, las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas) de Tamaulipas han operado bajo una lógica que combina ineficiencia, corrupción y endeudamiento crónico. Hoy, los números ya no permiten matices: el sistema estatal del agua está financieramente colapsado, y lo más grave es que este colapso no es producto de una crisis repentina, sino de una cadena de omisiones deliberadas, decisiones irresponsables y una cultura institucional que normalizó el desorden.

El Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, lo manifestó sin rodeos: buena parte de las observaciones de la ASE recaen en las Comapas, y algunas podrían derivar en denuncias penales correctivo que ya se está atrasadndo. Es decir, no estamos ante simples fallas administrativas, sino ante posibles actos de corrupción que comprometen recursos públicos y afectan directamente a millones de usuarios.

La presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso, Elvia Eguía Castillo, fue aún más frontal: “es hora de que se asuman responsabilidades y se devuelvan recursos”. La frase, contundente, retrata el hartazgo ante un problema que se ha tolerado por demasiado tiempo. Porque mientras los organismos operadores acumulan deudas y justifican su ineficiencia, los ciudadanos siguen recibiendo servicios deficientes, intermitentes o francamente indignos.

La obligación recaudatoria nunca funcionó. La cartera vencida es el síntoma más visible del deterioro. Reynosa, por ejemplo, arrastra más de 5,135 millones de pesos en adeudos de usuarios; Matamoros supera los 3,740 millones; Tampico y El Mante acumulan cifras igualmente alarmantes. Victoria, la capital del estado, tiene 82 mil usuarios morosos.

Pero más allá de los números, la pregunta es inevitable: ¿cómo se permitió que la morosidad creciera hasta niveles inmanejables? La respuesta apunta a una mezcla de negligencia institucional, falta de controles y, en algunos casos, complicidades internas que hicieron de la recaudación un proceso ineficaz y opaco.

Eguía Castillo ha insistido en depurar cuentas “incobrables”, pero esa medida, aunque necesaria, no resuelve el fondo del problema: la ausencia de una estrategia moderna, transparente y profesional para cobrar y administrar los recursos.

Sabido es que los créditos hipotecaron el futuro. A la crisis de recaudación se suma un endeudamiento que compromete la viabilidad de varias Comapas. Matamoros, por ejemplo, debe más de 111 millones de pesos a la banca de desarrollo por créditos contratados hace más de una década. Reynosa, Río Bravo y Nuevo Laredo también arrastran compromisos millonarios con Cofidan, banca norteamericana, algunos respaldados con participaciones federales.

Estos créditos, que en su momento se justificaron como inversiones para mejorar infraestructura, terminaron convirtiéndose en cargas financieras que hoy asfixian a los organismos. Y lo más preocupante es que, en muchos casos, no existe claridad sobre el destino real de esos recursos ni sobre los beneficios concretos que debieron generar.

El costo social de la corrupción es muy alto. Y cuando se habla de corrupción en las Comapas, no se trata de un concepto abstracto. Cada peso desviado, cada contrato inflado, cada obra inconclusa tiene un impacto directo en la vida cotidiana: colonias sin agua, fugas interminables, drenajes colapsados, tarifas que suben sin que mejore el servicio.

La cifra de 3 mil millones de pesos pendientes de solventar ante la ASE no es solo un dato contable; es la evidencia de un daño estructural que ha debilitado la confianza ciudadana y ha puesto en riesgo un servicio esencial.

El punto de quiebre ha llegado. Tamaulipas se encuentra ante una disyuntiva histórica. O se emprende una reforma profunda que profesionalice, audite y sanee a los organismos operadores del agua, o el deterioro continuará hasta niveles irreversibles. No basta con señalar culpables: se requieren sanciones ejemplares, transparencia absoluta y una reingeniería administrativa que impida repetir los errores de todos sabidos.

Las Comapas no pueden seguir siendo cajas negras donde se diluyen recursos públicos sin rendición de cuentas, cajas chicas a las que todo mundo les metemato. El agua es un derecho, no un negocio político ni un botín administrativo. Y mientras no se entienda así, los organismos operadores del agua potable seguirán hundidos en el fango.