García Repper: Hacia una verdadera rendición de cuentas

La designación de Andrés García Repper como fiscal especializado en combate a la corrupción marca un giro político y judicial que Tamaulipas llevaba años esperando. Su llegada ocurre en un momento en el que el discurso de combate a la corrupción del gobierno morenista chocaba, una y otra vez, con un muro construido durante el pasado sexenio panista: el control de las fiscalías por parte de perfiles afines al antiguo régimen.

Durante ese periodo, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía Anticorrupción estuvieron en manos de funcionarios que habían formado parte del entramado político del PAN. Y mientras eso ocurrió, las denuncias por presuntos desvíos millonarios, contratos irregulares, uso faccioso de recursos públicos y otras prácticas que marcaron el sexenio anterior simplemente no avanzaron.

Los expedientes se apilaron, los procesos se congelaron y los señalados encontraron refugio en amparos, dilaciones procesales y una evidente falta de voluntad institucional. La impunidad, más que una consecuencia, parecía una política no escrita.

Por eso la llegada de García Repper representa algo más profundo que un relevo administrativo: es la ruptura de un cerco político. Por primera vez desde el cambio de gobierno, Morena tiene la posibilidad real de exigir resultados a una Fiscalía Anticorrupción que ya no está bajo la sombra del grupo albiazul que gobernó Tamaulipas durante seis años.

El reto, sin embargo, es monumental. El nuevo fiscal recibe una institución debilitada, con expedientes sensibles que llevan meses —o años— detenidos, y con una ciudadanía que ha visto cómo los casos de corrupción se convierten en espectáculos mediáticos sin consecuencias reales. La expectativa pública no es menor: reactivar investigaciones, revisar omisiones y demostrar que la justicia puede operar sin pactos de protección.

La legitimidad de García Repper dependerá de su capacidad para actuar con independencia, investigar con rigor y evitar que la institución sea utilizada para ajustar cuentas partidistas. La justicia selectiva es tan corrosiva como la impunidad. Aun así, el momento es innegablemente decisivo.

El gobierno estatal ha insistido en que el combate a la corrupción es una prioridad, pero hasta ahora carecía de las herramientas institucionales para demostrarlo. Con un fiscal no alineado al viejo régimen, el tablero se reconfigura. Lo que ocurra en los próximos meses será determinante para saber si Tamaulipas inicia una etapa de verdadera rendición de cuentas o si la corrupción seguirá siendo un fantasma que todos mencionan pero nadie enfrenta.

García Repper tiene en sus manos la oportunidad —y la responsabilidad— de romper la inercia de impunidad que marcó al estado durante años. No será sencillo, pero es el primer paso para demostrar que la justicia no tiene dueño.