Adiós a las Pensiones Doradas

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar al Senado una reforma constitucional para poner fin a las pensiones millonarias de altos funcionarios es otra decisión de justicia social en la muy larga historia de privilegios enquistados en el Estado mexicano. La medida implica desmontar un sistema que durante décadas permitió que miles de exservidores públicos vivieran con ingresos muy por encima del promedio nacional, financiados con recursos públicos y sin justificación alguna.

La presidenta fue clara al anunciar que la iniciativa “eliminará privilegios en pensiones millonarias a exmandos de alto nivel”, y que la nueva regla fijará un tope: nadie podrá recibir más del 50% del salario presidencial. Es un mensaje político contundente, pero también un gesto de justicia elemental.

Los datos presentados por el gobierno son difíciles de ignorar. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, “ocho mil 540 reciben más de 100 mil pesos mensuales; 603 superan 200 mil pesos al mes y un caso aseguró más de un millón de pesos”. La cifra es tan desproporcionada que raya en lo grotesco.

La Secretaría Anticorrupción añadió que “67 por ciento obtienen entre cien mil y un millón de pesos al mes”, y que estas pensiones llegaron a ser “las más altas de todo el sector público, representando hasta 140 veces más el promedio nacional”. ¿Cómo justificar algo así en un país donde la mayoría de los trabajadores se jubila con montos que apenas alcanzan para sobrevivir?

Pemex y la CFE tampoco se quedan atrás. En la petrolera, 544 exfuncionarios reciben más que la presidenta, mientras que en la CFE dos mil 199 jubilados superan ese mismo umbral, generando un costo adicional de cuatro mil 496 millones de pesos al año. La magnitud del gasto revela un sistema diseñado para beneficiar a unos cuantos, no para garantizar un retiro digno a quienes realmente sostienen al país.

La reforma no toca a trabajadores con contratos colectivos ni a quienes obtuvieron derechos laborales legítimos. Se dirige a un grupo muy específico: los altos mandos de confianza que, por décadas, se blindaron con esquemas de retiro que ningún otro sector social podría siquiera imaginar.

La presidenta lo resumió así: “Tiene que ver con pensiones sin privilegios”. Y tiene razón. No se trata de castigar a nadie, sino de corregir un abuso histórico.

La iniciativa seguramente desatará resistencias, como todas las que afectan intereses de los privilegiados. Los beneficiarios directos, sus redes políticas y quienes defienden el statu quo argumentarán que se trata de un ataque a derechos adquiridos. Pero conviene recordar que estos “derechos” fueron construidos desde el poder para beneficio del propio poder.

Además, el ahorro estimado —cinco mil millones de pesos, según la información presidencial— se destinará a Programas para el Bienestar. Es decir, se reasignará desde la cúspide hacia la base, desde los privilegios hacia las necesidades reales.

La reforma al artículo 127 constitucional no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema de pensiones en México. Pero sí envía un mensaje claro: el Estado ya no puede ser refugio de élites que se jubilan con montos que insultan a la mayoría trabajadora.