Partidos aferrados a sus privilegios

Hay verdades incómodas que, por más que se intenten maquillar, terminan imponiéndose. Una de ellas es que los partidos políticos minoritarios han sobrevivido —y en algunos casos prosperado— gracias a la figura de representación proporcional, un mecanismo que nació para equilibrar la pluralidad, pero que con el tiempo se convirtió en un auténtico salvavidas y garantía de acceso a los presupuestos públicos.

El Partido Acción Nacional y el PRI han sido históricamente los amos de las plurinominales, acumulando 985 y 590 asientos de representación proporcional desde 1979, respectivamente, según información publicada por Milenio hoy. Pero el punto más revelador no es quién ha tenido más, sino quién no podría existir sin ellas.

En la entrevista por separado, el senador Manuel Velasco lo dice sin rodeos: su bancada impulsa que “todos nos bajemos al mismo número, que no exista un partido que reciba más recursos que otro, que nos vayamos al que recibe menos, que en este momento es el Partido del Trabajo”. Esa frase es un retrato perfecto del dilema: los partidos pequeños no solo dependen de las pluris para tener presencia legislativa, sino que además reciben financiamiento público que no guarda proporción con su peso electoral real.

La representación proporcional, diseñada para evitar mayorías aplastantes, terminó convirtiéndose en una vía de supervivencia para fuerzas políticas que, elección tras elección, no logran sostenerse únicamente con votos de mayoría relativa. Y no solo sobreviven: disfrutan de financiamiento público que, como señala Alfonso Ramírez Cuéllar en entrevista, forma parte del “excesivo gasto” que la ciudadanía ya no está dispuesta a tolerar. El reclamo social es claro: “no gasten tanto en financiar partidos políticos y campañas electorales”.

Por eso no sorprende que, ante la inminente presentación de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, los partidos minoritarios se muestren inquietos, cuando no abiertamente resistentes. La reforma apunta a reducir el gasto, replantear estructuras y revisar el modelo de representación. Y cualquier ajuste serio a las plurinominales toca directamente la línea de flotación de quienes dependen de ellas para existir.

Mientras tanto, en el Instituto Nacional Electoral se advierte que los recortes podrían afectar funciones sustantivas. Los consejeros alertan que la desaparición temporal de juntas distritales y locales —estructuras especializadas— podría comprometer tareas como la vigilancia de los partidos. Es decir, la discusión sobre el gasto no solo incomoda a los partidos pequeños, sino también a la autoridad electoral, acostumbrada a encarecer las elecciones a sabiendas de que “el que parte y comparte” se queda con la mejor parte.

En este contexto, la resistencia de las fuerzas minoritarias no es ideológica ni doctrinaria: es existencial. La representación proporcional les ha permitido mantenerse en el mapa político, acceder a recursos y conservar espacios legislativos que no obtendrían en las urnas de mayoría. Cualquier reforma que toque ese andamiaje amenaza su supervivencia.

La pregunta ahora es si el país debe seguir financiando estructuras partidistas que no corresponden a su respaldo ciudadano, o si ha llegado el momento de replantear un modelo que, aunque nació para dar representación a las minorías, hoy genera distorsiones evidentes.

La discusión está abierta. Y, como suele ocurrir, quienes más se benefician del sistema actual son también quienes más se oponen (y seguirán oponiéndose) a cambiarlo.