Niega MORENA oponerse a cambiar iniciativa de reforma al Poder Judicial

SALTILLO, Coahuila, 6 de agosto de 2024.- En el octavo foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial organizado por la Cámara de Diputados, contó con la participación de diputados, miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). El tema central del foro fue la “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) destacó que es incorrecto afirmar que se oponen a cualquier cambio en la iniciativa. Aseguró que en los próximos días, cuando concluyan los foros y se tenga una visión integral del sistema de justicia penal, los legisladores podrán presentar sus propias iniciativas. También negó que el Poder Judicial solo haya tenido cuatro horas para exponer sus posturas, recordando que han participado en varios foros.

Miguel Humberto Rodarte De Lara, diputado del PAN, enfatizó la importancia de la defensoría pública y la colegiación obligatoria. Argumentó que lo que realmente afecta a la gente en su vida cotidiana es la falta de acceso a una defensa adecuada.

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) señaló que la colegiación obligatoria y la defensoría pública son temas pendientes. Solicitó información sobre un posible esquema gradual para la implementación de una reforma en materia de defensoría pública.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, subrayó que aún no se ha logrado una defensoría eficaz para el pueblo de México. Mencionó que el 84% de la población recurre a defensores de oficio, quienes están sobrecargados y mal pagados.

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) llamó a revisar de manera sistémica todo lo que implica la reforma. Comentó que en el tema de la colegiación hay un problema sistémico, especialmente en la diferenciación entre las universidades públicas y las privadas de baja calidad.

El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) expresó su apoyo a la reforma porque amplía los derechos de las personas. Del PRI, el diputado Yerico Abramo Masso resaltó que México necesita certidumbre y que todos los poderes de la República deben mejorar.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) destacó la importancia de la representación en los tribunales, especialmente para las personas en situación de pobreza.

En respuesta a los comentarios de los diputados, la consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, comentó que la demanda de justicia en el país es inmensa y que la gente no está satisfecha con la justicia. La magistrada Taissia Cruz Parcero, directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, planteó la necesidad de fortalecer el federalismo y crear una ley general que homologue, estandarice y coordine a las defensorías. 

Juan Guillermo Ávila Sarabia, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados capítulo Nuevo León, precisó que lo que se propone en la ley general que rija la abogacía son estándares mínimos para todos y cada uno de los colegios para que los abogados ejerzan su profesión en el marco de la legalidad “y que se les exija conforme a lo que son: defensores de una causa”.
A su vez, el representante de los trabajadores del PJF, José Guadalupe Méndez de Lira, destacó que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados “somos gente del pueblo y hemos nacido y crecido en él con nuestro propio esfuerzo. Le apostamos a que no haya privilegios”.
Sandra Lucía Rodríguez Wong, candidata al doctorado en Derecho Constitucional y catedrática, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, indicó que la ley general marcará los mínimos o los elementos que tendrán que buscarse para todas y cada una de las defensorías del país, y a partir de ella tendrán que sujetarse los demás estados a su estructura y a sus elementos mínimos indispensables y sería obligatoria para todos los estados y defensorías públicas.
El coordinador de la Comisión de Derecho Constitucional del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, Ricardo Antonio Silva Díaz, dijo coincidir en la especialización de los abogados para ejercer la profesión; se requiere todo un marco regulatorio sobre la intervención del Estado, la autonomía universitaria, la educación superior y los colegios para generar ese engranaje que permita que la justicia llegue a la gente. 
Rogelio Rodríguez Garduño, analista jurídico y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, dijo que se tiene que apoyar la carrera judicial y consideró indispensable triplicar el número de juzgados federales, colegiados de apelación y de circuito, así como los tribunales. Es importante evitar que todo se judicialice; se debe cambiar esta cultura.
El titular del Área de Derecho Administrativo en Martínez Arrieta Abogados, Olmo Guerrero Martínez, puntualizó que los colegios deben ofrecer la garantía de una profesionalización constante y especializada, así como la existencia y creación de un régimen disciplinario para el gremio. “Creo que en la colegiación sí hay que ver todas las características y garantías para que no resulte contraproducente pero sí entenderlo como un medio para mejorar el ejercicio profesional”.
Diana Berenice López Gómez, trabajadora del Poder Judicial, consideró que se necesitan más órganos jurisdiccionales y no destruir al Poder Judicial Federal. “Que los jueces y magistrados sean los que elijan al personal, porque la obligación del juez no sólo es dictar las sentencias; el juez tiene una triple obligación en los juzgados de distrito, una es administrativa, otra el orden laboral que debe guardar el juzgado y otra es el dictado de la sentencia”.