Diputados avalan minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos

Pero pidieron se actualizara en lo particular para su actualización, ya que se elaboró hace siete años

2018-09-13

Agencias

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CD. DE MÉXICO.- Diputados del PAN, PRI y PRD avalaron en lo general la minuta del Senado que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero pidieron que se modificara en lo particular para su actualización, ya que se elaboró hace siete años.

El documento, impulsado por Morena-PT y PES, se aprobó en lo general casi por unanimidad, con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención. Establece que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República y se recibió en la Cámara de Diputados en noviembre de 2011.

Es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política y consta de 17 artículos divididos en cinco capítulos; reforma el Código Penal Federal, adicionando un capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”. 

Para quienes violen su contenido, establece sanciones de prisión e inhabilitación de hasta 14 años. 

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios sobre la minuta, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena), quien presentó la iniciativa que se aprobó en el Senado, dijo que se acusa a su grupo parlamentario de legislarla a la carrera, rápido y mal, y preguntó ¿por qué no dijeron eso hace siete años?

“Hemos esperado todo el tiempo. Tenemos años en omisión legislativa. ¿Pueden, señores y señoras, explicarnos esto? Expliquen”, agregó y dijo que los responsables eran el PAN, PRI y PRD.

Expuso: “nosotros hemos venido aquí a hacer algo hoy, que lo dijimos durante toda la campaña (electoral para los comicios del pasado mes de julio), vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones de los servidores públicos. En todos los tonos, hemos venido a cumplir esta noche, aquí, hoy”.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (PAN) adelantó que su grupo parlamentario apoyaría en lo general la minuta porque el PAN “ha estado a favor de topar el salario de los servidores públicos de este país décadas antes de que Morena y el PES existiera”, incluso avaló este documento cuando se discutió en el Senado.

“En nuestro grupo parlamentario no hemos olvidado que éste es uno de los temas más sensibles para la sociedad, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes de gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio”, añadió.

Sin embargo, cuestionó el documento en lo particular porque “se trata de un texto totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos siete años” y comentó que su bancada había expresado su compromiso con modificar la minuta, en conferencia con el Senado, a más tardar el 30 de septiembre.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) expresó que su grupo parlamentario estaba de acuerdo “en que se establezca la legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos, pero que se haga bien” y dijo que votarían “a favor del espíritu del proyecto, no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo, donde hibernó por casi siete años”. 

“No compartimos que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación”, señaló.

Precisó con cinco puntos las razones para esa decisión: “1. Obsolescencia legislativa. 2. Falta de armonización legislativa. 3. Ausencia de consideración sobre regímenes especiales. 4. Provoca choque presupuestario. 5. Genera choque constitucional”.

El diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) aseguró que esta minuta era una respuesta a una larga demanda y “un grito de justicia … de dolor, de desesperación (de los mexicanos), y lo más importante de todo, es un reclamo justo que hacemos los ciudadanos que amamos profundamente a nuestro país”.

Señaló que “la desigualdad social la han visto muchos servidores públicos sentados en sus curules, pero es el pan diario de las decenas de millones de mexicanos que viven con el salario mínimo que no les alcanza para nada. Son 50 millones de pobres”.

“Muchos mexicanos no saben lo que significa comer tres veces al día. No lo saben. Son cinco de cada 10 niños que comen una vez al día. El pueblo de México se muere de hambre aquí, cruzando la calle, en Nuevo León, en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en todo el país”, añadió.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) llamó a que todos los partidos “pongamos pies en la tierra y seamos conscientes que un peso gastado en salarios millonarios para los funcionarios, es un peso que se le quita a los programas sociales y aun a los programas culturales o de salud, que tanto se necesitan”.

Expuso que los partidos de la coalición electoral Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) deben cumplir su promesa de ajustar los salarios y ganar y vivir como lo quería Benito Juárez: en la honrosa medianía.

“El presupuesto debe ser austero e invertir ese dinero solamente en programas que beneficien a la gente y que siempre serán primero los pobres”, agregó y aseveró que “damos señales claras, hechos de que deseamos combatir en serio la desigualdad en México”.

El diputado Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) anticipó el voto a favor de su bancada, en congruencia con su agenda legislativa, porque durante la pasada campaña electoral “nos comprometimos con nuestros electores y hoy como diputados en funciones honraremos a nuestros representados”.

Sostuvo que el Presupuesto de Egresos de la Federación se ha utilizado por muchos años “como espacio para la simulación y para el otorgamiento de todo tipo de privilegios discrecionales, bonos, prestaciones de toda naturaleza para garantizar ingresos muy por arriba de lo que se contempla en los tabuladores regulares”. 

“Hacen falta recursos para programas urgentes de atención a múltiples prioridades. Lo hemos escuchado en toda la glosa del informe (de gobierno). Y no es justo que gran parte de éstos se vayan en forma simulada a privilegios salariales”, agregó.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) adelantó que su bancada votaría a favor, recordó que su partido ha presentado siete iniciativas para tratar este tema, pero cuestionó lo que llamó desaseo en el proceso legislativo para aprobarla.

Aseguró que “hay un problema en la administración (pública). Se está generando una reacción, separaciones voluntarias, renuncias, amenazas de amparos, jubilaciones adelantadas, porque no se está cuidando con responsabilidad una iniciativa que atiende una demanda popular y social”.

Apuntó que se quiere cumplir una promesa de campaña, que el PRD comparte: evitar los abusos de las remuneraciones públicas, pero “la prisa en las labores legislativas significa desaseo, y el desaseo legislativo conlleva riesgos, serios riesgos a la legalidad” y pidió “corregir” el desaseo de fondo.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) expresó su apoyo a la propuesta, dijo que no había condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía, que se expresó en las elecciones del pasado 1 de julio, pero alertó de posibles consecuencias negativas.

Dijo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puso la vara complicada al establecerse un máximo de remuneración de 108 mil pesos mensuales.

Comentó que hay funcionarios en espacios altamente técnicos, como en telecomunicaciones y en el área económica, que en virtud de una remuneración por debajo de lo planteado por López Obrador tendrán que salir de la administración pública federal.

“Tendremos en los próximos meses consecuencias para buscar gente de alta tecnicidad para ocupar puestos donde requerimos de alto conocimiento”, agregó.

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