Exigen en San Lázaro que Ejecutivo federal aclare presuntos actos de corrupción en obras

Detectan probables anomalías en Tren Interurbano México-Toluca y de Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

2019-03-23

AGENCIAS

CD. DE MÉXICO.— El secretario de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), exigió que el Ejecutivo federal aclare las acusaciones de presuntos actos de corrupción en las obras del Tren Interurbano México-Toluca y de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, iniciadas en el sexenio anterior, y aplicar la ley a los presuntos culpables de las irregularidades.

“Tanto en el Tren México-Toluca como en el Metropolitano de Guadalajara se incumplió con lo originalmente proyectado a pesar de que en su momento se dijo que se habían acatado todos los requisitos y especificaciones, lo que provocó que no se concluyan todavía, a pesar de que ya se les invirtió una gran cantidad de recursos”, señaló en un comunicado.

Asimismo, el diputado perredista exigió al titular del Ejecutivo Federal que el proyecto del Tren Maya se apegue a la legalidad, “ya que al momento incumple varios requisitos de planeación, financiamiento e impacto ambiental para su concreción”.

Señaló que el Presidente de la República incurre en incongruencias porque, por una parte, se compromete a combatir el incumplimiento de la ley en las obras ferroviarias del Estado de México y Jalisco y, por el otro, incurrir en esos mismos incumplimientos en el proyecto del Tren Maya ya que, por ejemplo, se desconoce la manifestación de impacto ambiental y la afectación que tendrá en la flora y fauna de la Península de Yucatán.

Apuntó que en el caso del Tren Maya no hay consenso entre los comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios de los terrenos en donde se hará el tendido de vías.

“En estas circunstancias no se puede ni debe continuar con el Tren Maya. Por eso exigimos y pedimos en la Comisión de Infraestructura que se dé una explicación e información a los mexicanos para que sepamos qué pasa y de esa manera se genere veracidad y tranquilidad”, puntualizó.

Aguilera Rojas reconoció lo beneficioso que sería un proyecto de este nivel para el sur y sureste del país, pues significaría inversión e infraestructura para una zona en la que ambas han sido escasas, pero reiteró que debe ser en apego a la legalidad

“Los concursos para las empresas interesadas en participar deben convocarse con claridad, transparencia y legalidad, de modo que gane la mejor oferta en cuanto a precio, calidad y beneficio para los mexicanos, y no resulten otros proyectos con sobreprecio como los de México-Toluca y Metropolitano de Guadalajara”, comentó.

El proyecto "Tren Interurbano México-Toluca " se previó con longitud de 57.7 km, de los cuales 40.7 km corresponden al Estado de México y 17 km a la Ciudad de México, integrados por dos viaductos elevados con una longitud de 36.2 km y un bitúnel de 4.5 km de longitud y diámetro de 8.5 m cada uno.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en su informe de febrero de 2019 que revisó 16 de sus contratos y detectó incumplimiento de criterios establecidos en los trabajos, así como de rendimientos y costo para material y mano de obra.

Además descubrió pagos de obras que no cumplieron los objetivos del proyecto por 41.7 millones de pesos; deficiencias en la calidad y adquisición de predios fuera del derecho de vía, como en el caso del municipio de San Mateo Atenco, que implicaron desvíos por 770 millones de pesos.

En el proyecto “Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara -entre los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque con 18 estaciones y longitud de 21.45 km-, la ASF revisó seis contratos de obras públicas y cuatro de servicios.

Encontró pagos indebidos por 109.1 millones de pesos en prácticas como materiales que se pagaron dos veces, beneficios a contratistas a pesar de sus retrasos en obra, sobrecostos y precios unitarios fuera de catálogo. El costo inicial de la obra se calculaba en 17 mil 692 millones de pesos, pero por este tipo de irregularidades podría superar los 32 mil millones de pesos.

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