Iniciativa sobre industria del cine viola tratados internacionales: CCE
Genera barreras artificiales a la competencia, que distorsionarían el mercado y afectarían a toda la cadena de valor, sostiene el organismo empresarial
2021-02-28
Genera barreras artificiales a la competencia, que distorsionarían el mercado y afectarían a toda la cadena de valor, sostiene el organismo empresarial
2021-02-28
Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial expresó, a través de comunicado, su preocupación por la Iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, que se encuentra en análisis en el Senado, ya que es violatoria de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, como el de libertad de expresión, y va en contra de diversos tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos el T-MEC, el TLCUEM, el TPP y disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.
Señaló que al imponer barreras artificiales a la competencia con el argumento de privilegiar la producción nacional independiente sobre los demás productores (nacionales y extranjeros), crea una ventaja indebida a su favor, genera distorsiones en el mercado y limita el derecho de la audiencia de decidir qué ver.
El establecimiento de cuotas-pantalla, limitar las pantallas para estreno y corrida comercial de obras, establecer una permanencia mínima, entre otras medidas, constituyen barreras a la competencia que violan la Constitución, añadió.
Incluso, dijo, en su momento, la entonces Comisión Federal de Competencia se manifestó en contra de medidas de este tipo.
Agregó:
Prácticamente la totalidad de las restricciones propuestas por la iniciativa son violatorias de los acuerdos comerciales que México tiene con el mundo, al limitar las posibilidades de inversión extranjera, e imponer condiciones discriminatorias.
Sostuvo que, de aprobarse la iniciativa en esos términos, las medidas podrán ser impugnadas por inversionistas de EU y de otros países con los que tenemos TLCs, utilizando los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y gobiernos. Adicionalmente, los gobiernos de esos países y los miembros de la OMC, podrían demandar al gobierno de México utilizando los mecanismos de solución de controversias entre gobiernos.
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