Ex secretarios cabecistas exhiben corrupción del sexenio de la impunidad
CONTRAPARTE / Redacción | La Capital
2025-10-24
CONTRAPARTE / Redacción | La Capital
2025-10-24
Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa el amparo que mantiene en libertad al exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas informó sobre nuevas vinculaciones a proceso contra integrantes de su gabinete, señalados por desvíos que superan los 1,500 millones de pesos.
Entre los exfuncionarios implicados se encuentra Carlos Alberto “Chito” García González, exsecretario de Desarrollo Económico, enfrenta cargos por uso ilícito de facultades y atribuciones, además de desempeño indebido de funciones administrativas.
La lista de imputados incluye también a María de Lourdes Artega Reyna, exsecretaria de Finanzas, señalada por uso ilícito de funciones, y a cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas: Reynaldo Garza Gómez, Eduardo Barrera Peña, Isaías Vázquez Chávez y Armando Cantú Cuéllar, acusados de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, en el marco de la asignación irregular de contratos y presuntos cobros de “retornos” millonarios.
Otro de los expedientes corresponde a Enrique Nader Nemer, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, cercano a Ismael García Cabeza de Vaca, imputado por uso ilícito de atribuciones. De igual forma, el exsecretario de Bienestar, Rómulo Garza Martínez, fue vinculado a proceso por el mismo delito.
La Fiscalía recordó que otros exintegrantes del gabinete panista, como Mario Gómez Monroy (Educación), Gilberto Estrella Hernández (SEDUMA) y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa (Administración), también enfrentan procesos judiciales por presuntos actos de corrupción.
Hasta el momento, Francisco García Cabeza de Vaca no ha emitido declaraciones sobre la situación de sus excolaboradores. Sin embargo, el avance de los procesos en el nuevo Poder Judicial de Tamaulipas mantiene en vilo al exmandatario, cuya libertad depende de la resolución de la SCJN sobre el amparo que lo protege no solo a su persona sino a todo un sexenio de corrupción e impunidad.
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