Austeridad en la Corte ¿convicción o presión?

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de renunciar al uso de los nuevos vehículos blindados y reasignarlos a juzgadores en riesgo es, sin duda, un movimiento políticamente inteligente. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es profunda y la exigencia de austeridad se ha convertido en un mantra social, el gesto envía un mensaje claro: el Poder Judicial quiere ser visto como parte de la solución, no del problema.

Pero un gesto, por sí solo, no transforma una institución.

La Corte reconoce que la seguridad de sus integrantes no es un lujo, sino una obligación del Estado. Y tiene razón. Las ministras y ministros se desplazan por todo el país, muchas veces hacia regiones donde la violencia no es una estadística, sino una realidad cotidiana. Sin embargo, la renuncia al uso de vehículos blindados —aun cuando algunos no cumplían con los estándares técnicos— responde más a un clima político que a una revisión profunda del modelo de protección institucional.

La presión social y mediática ha sido constante: se exige austeridad, pero también se exige eficacia. Se pide que las instituciones gasten menos, pero que funcionen mejor. Ese equilibrio es difícil de sostener, y la Corte lo sabe.

¿Qué significa administrar con responsabilidad?

El Órgano de Administración Judicial presume ahorros millonarios: Mil millones de pesos en dos años por cambiar arrendamiento por compra; 6 mil 249 millones proyectados para este año; 16 mil millones menos en 2026.

Las cifras impresionan, pero también obligan a preguntar: ¿qué se hará con esos recursos liberados? ¿Cómo se traducen en justicia más accesible, más rápida, más cercana? La austeridad no puede ser un fin en sí mismo; debe ser un medio para fortalecer capacidades, no para debilitarlas.

El ministro presidente afirma que someter las decisiones al escrutinio público “es algo que antes no se hacía”. Es una declaración fuerte, que reconoce implícitamente un pasado de opacidad. Si la Corte quiere construir una nueva relación con la ciudadanía, deberá demostrar que esta apertura no es coyuntural ni reactiva, sino parte de una transformación estructural.

La desincorporación de 21 unidades blindadas y la reasignación de otras a juzgadores en riesgo son pasos en la dirección correcta. Pero la transparencia no se mide por anuncios, sino por consistencia.

El Poder Judicial enfrenta un reto mayor que la administración de su parque vehicular: recuperar legitimidad. La ciudadanía exige un sistema que funcione, que proteja, que resuelva. La austeridad puede ayudar a reconstruir confianza, pero no sustituye la necesidad de reformas profundas, de procesos más ágiles, de sentencias más claras, de jueces más terrenales.

La Corte ha dado un mensaje político oportuno. Ahora debe demostrar que también puede dar resultados institucionales duraderos.