Reforma electoral ante aliados y contras

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido abrir su sexenio con una apuesta de alto voltaje político: una reforma electoral que, según afirma, responde directamente a la voluntad ciudadana. En el documento presentado este 25 de febrero, Sheinbaum sostiene que está “obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas”, una frase que sintetiza la narrativa central del proyecto: la reforma no es del gobierno, sino del pueblo.

Más allá del discurso, la iniciativa plantea transformaciones profundas que reconfiguran el sistema electoral mexicano y que inevitablemente abren un debate sobre representación, costos y equilibrio democrático.

El punto más polémico es la eliminación de las listas de representación proporcional. La Presidenta lo justifica con una idea contundente: “que quien quiera ser diputado, se vaya a buscar su voto”. El argumento apela a la legitimidad directa, en contra de quienes se aferran a la elaboración de listas con nombres de personajes afines a las cúpulas del poder.

La propuesta mantiene 200 diputaciones de representación proporcional, pero bajo un mecanismo distinto: 97 para quienes obtuvieron los mejores resultados sin ganar, 95 por circunscripción y ocho para mexicanos en el extranjero. Aunque no desaparece la proporcionalidad, sí se reduce la capacidad de los partidos para definir listas, integradas con perfiles muchas veces ajenos o contrarios a los intereses ciudadanos.

La iniciativa promete un recorte del 25% al costo de las elecciones. El documento señala que se disminuirán recursos al INE, partidos, OPLES y tribunales, además de reducir sueldos y eliminar duplicidades. La narrativa es clara: austeridad y eficiencia.

Cabe pregunta: ¿puede un sistema electoral complejo, con alta litigiosidad y un padrón de casi 100 millones de personas, operar con menos recursos sin comprometer su calidad? La austeridad puede ser virtuosa, pero debe acompañarse de rediseños operativos sólidos y confiables.

Uno de los puntos más robustos es la fiscalización. El documento establece que el INE tendrá acceso oportuno a operaciones financieras y que se prohibirán aportaciones en efectivo. En un país donde el financiamiento ilícito ha contaminado procesos electorales, este cambio es indispensable. La clave será garantizar que el acceso a información financiera no se utilice con fines políticos.

La regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots se percibe como un paso en la dirección correcta, pero aún no se ventilan los detalles, mecanismos, sanciones ni capacidades técnicas.

La reforma propone fortalecer referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato, incluso con voto electrónico. La Presidenta afirma que busca “darle más poder al pueblo”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los mecanismos de participación pueden ser herramientas democratizadoras o instrumentos de legitimación política, dependiendo de su diseño y uso.

La prohibición de reelección inmediata a partir de 2030 es un golpe severo a las burocracias partidistas y a los caciques que han convertido a la política en negocios particulares y patrimonios familiares.

El punto sobre nepotismo, por su parte, reafirma lo ya existente en la Constitución. Es más un gesto político que una innovación normativa.

La reforma electoral de 2026 es ambiciosa y políticamente arriesgada, tal vez por disruptiva. Pero responde a demandas reales —reducción de costos, mayor fiscalización, regulación digital—, y los riesgos bien valen la pena porque puede introducir cambios estructurales que podrían acrecentar la capacidad popular para decidir quienes deben ocupar los puestos de mando y, con ello, ir depurando a los gobiernos de tanta corrupción, de funcionarios al servicio de los infractores sociales y de la delincuencia de cuello blanco.