Libertad de expresión amenazada

Reviso el apartado del Congreso del Estado, en donde se registran los puntos de acuerdo de cada una de las y los diputados de la 66 Legislatura, para caer en cuenta que, la diputada CYNTHIA LIZABETH JAIME CASTILLO, no tiene uno solo que atienda la problemática del Distrito 19 que representa. Ni en los puntos de acuerdo grupales ni en lo individual o en colaboración.

Tal parece que, en el Distrito de Miramar, conformado por 10 secciones del norte de Madero y 32 de Altamira, colindantes con el Golfo de México, sus habitantes tienen todo resuelto y por esta razón la diputada JAIME CASTILLO anda ocupada en otros menesteres que considera más importantes.

Basta consultar dicho apartado, para confirmar que la legisladora tiene otras prioridades, que la de ser la voz en el Congreso local, de las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía que votó por ella en la elección de 2024.

Anda más preocupada por defender a los animales de monta, transporte, tiro, arrastre y carga, así como en solicitar a los 43 ayuntamientos del estado, para que abran una “Dirección de Protección Animal” o su equivalente, como si los municipios no tuvieran otras prioridades que atender, como el abasto de agua y la reparación de sus calles cacarizas.

Por esta razón, no extraña que la diputada JAIME CASTILLO presente ahora una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Tamaulipas.

Más allá de si la inesperada iniciativa es un distractor o cortina de humo para que el gremio periodístico enfoque la atención en su contenido y no en otros asuntos de la agenda estatal, es importante rechazarla por sus pretensiones de censura que no abonan al pleno ejercicio de la libertad de expresión.

En la exposición de motivos de su iniciativa, JAIME CASTILLO machaca que no se trata de una propuesta de censura a la libertad de expresión, pero deja en manos de un “Colegio de Periodistas de Tamaulipas”, que no dice cómo se integra, la facultad de emitir “recomendaciones éticas, pronunciamientos públicos, fundados y motivados, de carácter orientador y no sancionatorio”.

Señala que, las “Recomendaciones Éticas y el Extrañamiento Público”, el ser “instrumentos de carácter reputacional y no coercitivo, generan incentivos para prácticas responsables sin recurrir a sanciones administrativas”.

Creo que el gazapo principal que comete CYNTHIA LIZABETH, es referenciar su propuesta a “modelos internacionales de autorregulación periodística”, que tienen las “democracias consolidadas”, en donde existen “consejos de prensa independientes, colegios o asociaciones profesionales con códigos de ética, defensorías de las audiencias y sistemas de recomendaciones deontológicas no vinculantes”.

Democracias consolidadas, diputada JAIME CASTILLO, y ni remotamente la mexicana puede ser calificada de esta manera.

No se trata de negar la importancia de la ética periodística. Pero debemos de

evitar que, bajo ese argumento, se construyan herramientas que puedan ser utilizadas para inhibir la crítica, señalar incómodos o disciplinar voces.

Hoy, este tipo de iniciativas de reforma representan un riesgo para la libertad de expresión y deben ser rechazadas.

Mientras tanto, le recordamos a la legisladora del Distrito 19 de Miramar que, “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, dispone el sexto constitucional.

Igualmente, es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, que impidan la transmisión o circulación de ideas y opiniones, como lo señala el artículo séptimo de la Carta Magna.

Dejemos que sea la autoridad judicial la que dicte la última palabra, cuando alguien considere que se infringen los límites de estas libertades, recordando que el Poder Judicial de la Federación tiene la expertise suficiente, como la diputada JAIME CASTILLO lo puede corroborar consultando el Cuaderno de Jurisprudencia número 13 (Libertad de expresión y medios de comunicación), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cambiando de canal, El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, afirmó que, en estrecha coordinación con el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se desarrollan más proyectos de impacto nacional que impulsarán al Estado y a la Universidad.

Entrevistado previo a la ceremonia estatal de Honores a la Bandera, destacó el papel de la institución como actor clave para los sectores productivos, encabezando una propuesta orientada a fortalecer la certificación del ganado y la calidad de la carne en Tamaulipas.

Puntualizó que la UAT coordina la elaboración de un proyecto ejecutivo en colaboración con SADER Tamaulipas, con la finalidad de integrar una propuesta sólida que, en su momento, pueda ser presentada por el Gobierno del Estado ante la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, en el marco de una agenda de trabajo conjunta.

Señaló que este esfuerzo se enmarca en el trabajo permanente que la Universidad ha venido consolidando en materia de vinculación institucional, alineando sus capacidades académicas y de investigación con las prioridades del desarrollo estatal y nacional, lo que ha permitido posicionar a la UAT como un referente en este ámbito.

En ese sentido, el rector informó que recientemente la Universidad participó en una reunión virtual con representantes de Bancomext, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel nacional, así como autoridades del sector salud y del Gobierno del Estado, con el propósito de avanzar en la construcción de esta propuesta.

Enfatizó que la participación de la universidad busca contribuir a que el proyecto se concrete de manera exitosa, generando beneficios directos para el sector ganadero, fortaleciendo las condiciones de calidad e inocuidad en la producción cárnica del estado.

Asimismo, el rector subrayó que la UAT cuenta con infraestructura que fortalece esta iniciativa, como el rastro Tipo Inspección Federal, con certificaciones otorgadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo que permite ofrecer a los productores un espacio con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional.

Indicó que este tipo de instalaciones, operadas por una universidad pública, representan una oportunidad para que productores de distintos niveles accedan a procesos certificados, contribuyendo así a elevar la competitividad del sector.

En otro tema, DÁMADO ANAYA ALVARADO destacó la reactivación total de las actividades académicas en la UAT, con una matrícula superior a los 41 mil estudiantes, incluyendo más de 5 mil 500 del nivel medio superior en preparatorias incorporadas.

Añadió que la universidad mantiene un proceso de crecimiento sostenido, tras la apertura de nuevas carreras y con una proyección de incremento en la matrícula para el próximo ciclo escolar, lo cual estará acompañado de una inversión significativa en infraestructura educativa.

Finalmente, reiteró el compromiso de la UAT de seguir impulsando iniciativas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas, fortaleciendo su vinculación con los distintos sectores y consolidando su presencia como una institución de referencia a nivelnacional.