Viejas inercias

La renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con la llegada de Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López ha detonado una nueva ola de críticas que, más que cuestionar la capacidad técnica de los perfiles, revelan la persistencia de viejas inercias políticas. 

En la ceremonia de toma de protesta, Frida Gómez Puga afirmó que cada decisión debe contribuir a “la estabilidad democrática de nuestro país”, mientras Blanca Cruz García reivindicó al INE como una institución “nacida del pueblo” y Arturo Chávez López llamó a recuperar su “espíritu ciudadano”. Sin embargo, la reacción inmediata de ciertos sectores fue advertir una supuesta pérdida de autonomía, como si la autonomía del INE hubiese sido un patrimonio exclusivo de quienes antes controlaban el reparto de consejerías.

Durante años, la integración del Consejo General operó bajo un sistema de cuotas partidistas donde cada fuerza política negociaba posiciones y, en consecuencia, los consejeros respondían a los intereses de quienes los habían impulsado. 

Hoy, quienes denuncian que el INE “pierde autonomía” lo hacen, en buena medida, porque esta vez no pudieron influir en la selección como solían hacerlo. La crítica no es nueva: cada vez que un proceso deja de ajustarse a las reglas no escritas del reparto, surge la acusación de captura institucional. Pero lo cierto es que la autonomía nunca fue plena bajo el viejo esquema de cuotas, simplemente estaba distribuida entre los factores de poder predominantes.

Otro argumento recurrente es que el INE debe estar “en manos de ciudadanos”, como si los consejeros recién nombrados no lo fueran. La apelación al “ciudadano ideal” funciona como un recurso retórico para deslegitimar a quienes integran el Consejo General, no como una reflexión seria sobre la naturaleza del servicio público. Los tres nuevos consejeros provienen de trayectorias profesionales verificables: una expresidenta de un organismo electoral estatal, un exdirector de una institución pública federal y una extitular de un órgano interno de control. Reducirlos a etiquetas políticas es una forma de negarles la condición de ciudadanos que se exige en abstracto.

Finalmente, se ha insistido en que la forma en que se toman decisiones en tiempos de la llamada Cuarta Transformación representa un retroceso democrático y un avance del autoritarismo. Esa afirmación ignora que el actual gobierno llegó mediante un mandato popular amplio e irrefutable, mientras que en el pasado reciente hubo procesos electorales cuestionados por irregularidades, intervenciones gubernamentales y prácticas que, en su momento, fueron calificadas como fraudulentas. Quienes acusan autoritarismo suelen omitir que los gobiernos anteriores también concentraron poder, intervinieron en instituciones y operaron políticamente desde el Estado. La diferencia es que entonces esas prácticas estaban normalizadas, acordes con los usos y costumbres.

En este contexto, la llegada de los nuevos consejeros ocurre bajo una doble exigencia: demostrar que su actuación se apega a los principios constitucionales que la consejera presidenta recordó —certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad— y, al mismo tiempo, enfrentar un clima político donde la desconfianza se ha convertido en estrategia permanente. 

La oposición votó en bloque contra la terna, denunció opacidad y habló de “mano negra”, mientras algunos sectores llaman a otorgar el beneficio de la duda. Entre ambos extremos se encuentra el desafío real: sostener la legitimidad del INE en un país donde las facciones políticas convierten cualquier nombramiento en motivo de disputa.

El INE no solo organiza elecciones; sostiene la arquitectura simbólica de la democracia mexicana. Su credibilidad depende tanto de su desempeño técnico como de la percepción pública de su neutralidad. Los nuevos integrantes del Consejo General tienen nueve años para demostrar que fue una buena elección. Pero su primera prueba comienza ahora: ejercer el cargo sin convertirse en protagonistas de la confrontación partidista, sino en garantes de un orden democrático que exige más legalidad que consignas.