Millones de García Luna habrían financiado campañas políticas

Ciudad de México | 23 de mayo de 2025. - En conferencia mañanera celebrada en el Palacio Nacional, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, ofreció detalles sobre la reciente resolución de una Corte civil en Florida que dictaminó sentencias millonarias contra dos figuras relacionadas con un presunto esquema de corrupción durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Según explicó el titular de la UIF, entre 2009 y 2018 se llevaron a cabo 30 contratos en diversas instancias estatales —como la Policía Federal, el CISEN y el organismo de prisiones— por un monto acumulado de aproximadamente 625 millones 188 mil 677 dólares estadounidenses y 93 millones 866 mil 666 pesos mexicanos. Con el cambio de administración en 2018, el Gobierno de México inició acciones legales en la jurisdicción de Florida, dado que los implicados residían y operaban en ese territorio.

La demanda se centró en dos casos diferenciados:

• A Genaro García Luna se le reclamaron inicialmente alrededor de 250 millones de dólares, lo que posteriormente se tradujo en una sentencia de 748,8 millones de dólares (tres veces el monto demandado).
• A Linda Cristina Pereyra se le exigieron 580 millones de dólares, cifra que se multiplicó, resultando en una sentencia de 1,740 millones de dólares.

Estas cifras evidencian el enfoque punitivo del fallo, que se orienta a responder al desvío de recursos públicos producto de operaciones consideradas ilícitas.

Activos fueron puestos bajo administración del Gobierno de México

Durante el proceso, la juez encargada de la causa en Florida ordenó la incautación de bienes relacionados con la trama. Entre estos, se incluyó la entrega de activos por un valor aproximado de 12,5 millones de dólares, los cuales fueron puestos bajo administración del Gobierno de México. Este procedimiento se implementó tras la negativa de los demandados de comparecer en el tribunal estadounidense.

Asimismo, Pablo Gómez Álvarez hizo hincapié en que la sentencia no se dirige únicamente contra las personas, sino también contra las empresas y activos asociados con los contratos irregulares, lo cual implica una recuperación de activos que salió del país y que, en parte, posteriormente regresó a México.

Rastreo de Operaciones y Empresas Vinculadas

El titular de la UIF detalló que, en el marco del proceso, se identificaron maniobras orientadas a lavar dinero a través de diferentes jurisdicciones internacionales. Entre los mecanismos empleados se destacan:

• Transferencias internacionales y uso de paraísos fiscales: – Fondos dirigidos a lugares como Barbados e Israel, involucrando movimientos de dinero efectuados mediante bancos y sistemas de pago en dólares.
• Intervención de empresas pantalla: – Se mencionaron compañías creadas específicamente para la realización de estos contratos y para disimular la operación irregular de recursos. Entre ellas se encuentran NUNVAV Technologies —utilizada en la contratación con el CISEN por 208 millones de dólares— y GLAC, asociada directamente a García Luna.
• Financiamiento de actividades políticas: – Parte de los recursos habría sido asignada a campañas políticas y a pagos en efectivo, situación que se investigará en el ámbito penal mexicano.

Estas investigaciones se suman a un proceso penal en México en el que se han emitido órdenes de aprehensión y se han iniciado conversaciones para que algunos detenidos colaboren en el esclarecimiento del entramado corrupto.

Gómez Álvarez señaló que, a la par del proceso civil en Florida, se espera el pronunciamiento de un nuevo fallo relacionado con empresas implicadas en la operación, lo que podría revelar con mayor claridad las técnicas utilizadas para lavar dinero y ocultar recursos. La UIF ha colaborado a nivel internacional mediante el sistema Egmont, buscando recabar información de otras jurisdicciones como la UIF de Barbados.

La Secretaría correspondiente enfatizó, durante la conferencia, la relevancia de estos procedimientos para desentrañar la historia de un sistema que, según el funcionario, se ha mantenido vigente desde décadas atrás y que ha permitido la continuidad de prácticas corruptas en distintos gobiernos.

Esta resolución judicial y el avance en las investigaciones se presentan como un ejemplo en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero, estableciendo precedentes que podrían incidir en futuros procesos tanto en el ámbito penal como en iniciativas de colaboración internacional. Además, se espera que nuevos detalles sobre el destino de los recursos desviados permitan comprender en mayor profundidad el funcionamiento interno de estos esquemas ilícitos.