Cubrirá Senado 12 vacantes de juzgadores
Solicita al INE las constancias respectivas y documentos para formalizar la toma de protesta
2025-11-11
CD. DE MÉXICO | 11 DE NOVIEMBRE, 2025.— El Senado de la República inició el procedimiento para cubrir 12 vacantes de jueces federales, derivadas de la reciente adscripción de magistradas y magistrados a los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación. Para ello, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) las constancias respectivas y copia de los documentos que acrediten a las personas del mismo género que hayan obtenido el segundo lugar en la elección de magistraturas.
La Mesa Directiva del Senado notificó al Pleno sobre el oficio enviado por el Órgano de Administración Judicial, en el que se informa sobre la designación de 12 personas juzgadoras a los Plenos Regionales, conforme a lo establecido en los artículos 38 y Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Dicho marco legal establece que las vacantes generadas por estas adscripciones deben ser ocupadas por personas del mismo género que hayan quedado en segundo lugar en la votación correspondiente, garantizando así la paridad y continuidad institucional.
El oficio también detalla que los Plenos Regionales estarán integrados por tres magistradas o magistrados de circuito, quienes fueron seleccionados entre quienes obtuvieron mayor votación en el proceso electoral extraordinario 2024–2025. Su encargo será por tres años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.
El pasado 14 de septiembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación publicó el Acuerdo General del Pleno del Órgano de Administración Judicial, mediante el cual se formalizó la adscripción, comisión y reubicación de funcionarios jurisdiccionales, así como la prórroga de secretarios en funciones de jueces.
El Órgano de Administración Judicial solicitó al Senado y al INE impulsar mecanismos de colaboración interinstitucional para agilizar la entrega de constancias y la toma de protesta correspondiente, en cumplimiento de la ley y para garantizar el funcionamiento pleno de los órganos jurisdiccionales.
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