IETAM sanciona a munícipe y secretario de Victoria

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) emitió una resolución de alto impacto político al confirmar la existencia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) cometida por dos figuras clave del Ayuntamiento de Victoria: Hugo Arael Reséndez Silva, secretario del municipio, y Eduardo Abraham Gattás Báez, presidente municipal.

La determinación deriva del Procedimiento Sancionador Especial PSE-25/2025, en el que la autoridad electoral acreditó que ambos funcionarios ejercieron conductas constitutivas de violencia política en perjuicio de Lili García Fuentes, primera síndica del Ayuntamiento de Victoria.

Quedan inscritosen el Registro Nacional de Personas Sancionadas

El Consejo General del IETAM impuso a Reséndez Silva y a Gattás Báez una multa equivalente a 100 UMA, con la advertencia de que el monto podrá incrementarse en caso de reincidencia. Además, ordenó la implementación de medidas de reparación integral, un componente que subraya la gravedad de los hechos y la necesidad de restituir los derechos vulnerados de la síndica.

Uno de los puntos más relevantes de la resolución es la instrucción de inscribir a ambos funcionarios en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como en el registro estatal correspondiente, por un periodo de un año, una vez que la resolución quede firme.

Esta inscripción tiene implicaciones políticas y administrativas significativas, pues se trata de un mecanismo público que documenta a quienes han cometido este tipo de violencia y puede incidir en su elegibilidad para ocupar cargos futuros, dependiendo de la legislación aplicable.

Obligadas autoridades a garantizar respeto, igualdad y no discriminación 

La resolución del IETAM se da en un momento en el que la violencia política de género se ha convertido en un tema central en la agenda pública y electoral. El caso de Victoria destaca por involucrar a dos de los funcionarios de mayor jerarquía en el municipio, lo que envía un mensaje contundente sobre la obligación de las autoridades de garantizar condiciones de respeto, igualdad y no discriminación dentro de la administración pública.

El expediente también refuerza la importancia de los mecanismos institucionales para proteger a las mujeres que ejercen cargos públicos, particularmente en contextos donde las relaciones de poder pueden derivar en prácticas de exclusión, hostigamiento o deslegitimación.