Debate Senado figura de “jueces sin rostro”

CD. DE MÉXICO | Febrero12, 2026.- En el Senado de la República, se llevó a cabo un análisis de la figura de los “jueces sin rostro” donde se debatieron con profundidad las implicaciones de su implementación, destacando la imperiosa necesidad de establecer controles estrictos, una temporalidad definida y una motivación reforzada para su uso. 

La primera mesa de análisis, titulada “Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Seguridad judicial: retos y desafíos para la impartición de justicia”, congregó a un distinguido panel de senadores, especialistas en derecho, académicos, investigadores y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, subrayó la importancia de un estudio minucioso de la figura de los “jueces sin rostro”.  Reconoció su potencial utilidad en casos específicos, pero también advirtió sobre los riesgos inherentes a su implementación sin una regulación adecuada. 

Corral recordó que la figura ya se encuentra contemplada en la Constitución y, por lo tanto, requiere una reglamentación precisa, una tarea compleja dada la diversidad de opiniones sobre su necesidad y los peligros potenciales que su uso podría conllevar.

Javier Corral subrayó la imperiosa necesidad de un análisis exhaustivo de las condiciones de excepcionalidad y su duración, con el fin de determinar la pertinencia de la aplicación de esta figura jurídica, así como de las reglas, normas y criterios que la acompañan.  Enfatizó la importancia de establecer mecanismos de verificación periódica, definir quién debe solicitar el resguardo de identidad reservada y delinear el procedimiento para la activación de dicho mecanismo. 

El morenista insistió en que la incorporación de esta figura a la Ley Federal de Delincuencia Organizada debe realizarse bajo estrictos controles, con una motivación reforzada y una revisión periódica para garantizar su eficacia y apego a los principios jurídicos.  

Afirmó que México no puede legislar en este sentido sin considerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las sentencias emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que sería incongruente criticar al presidente Trump por su presunta elusión del orden internacional y, al mismo tiempo, adoptar una postura similar.  En consecuencia, estos diálogos buscan proporcionar retroalimentación a la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de revisarla y proponer mejoras sustanciales.

Distintos especialistas, con amplia trayectoria, conocimientos profundos y experiencia en el ámbito jurídico, aportarán sus perspectivas para una comprensión más amplia de esta iniciativa.  Su análisis se centrará en los retos que la impartición de justicia por parte de la autoridad, particularmente en lo que respecta a los jueces con identidad reservada, podría enfrentar.

María Luisa Aguilar Rodríguez, Directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes imparten justicia de las amenazas provenientes del crimen organizado.  No obstante, señaló que el anonimato judicial resulta incompatible con un juicio justo, dado que impide que los procesados conozcan la identidad del juez, lo que genera dudas sobre su competencia, independencia e imparcialidad.

Cristina Reyes Ortiz, especialista en el Sistema Acusatorio en México por la Escuela Libre de Derecho, expresó su preocupación respecto a la reserva de identidad, considerándola una medida riesgosa que requiere una legislación cuidadosa.  Advirtió que una regulación inadecuada podría extender su aplicación a un mayor número de casos del que se intenciona, lo que podría resultar en un incremento de las violaciones a los derechos humanos.

Rubén Pacheco Inclán, Presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, consideró viable la implementación de la figura de reserva de identidad en México, en virtud de los elevados riesgos e impunidad que enfrentan las personas juzgadoras y quienes intervienen en procesos penales.  Propuso la creación de un comité ético encargado de autorizar la identidad reservada de jueces y fiscales bajo condiciones específicas.

Susana Gabriela Camacho Maciel, Directora del Centro de Especialización del Poder Judicial del Estado de Tabasco, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República un informe detallado sobre la aplicación y los avances de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.  Enfatizó la importancia de proteger la identidad de todas las personas involucradas en los procesos judiciales.

Mercedes Carbonell Peláez, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, argumentó que la figura de “jueces sin rostro” genera incertidumbre y no debería existir por considerarse una práctica inconvencional.  Para minimizar los riesgos asociados, propuso una alta estandarización de los procedimientos y la justificación de riesgos reales, actuales, graves y necesarios para salvaguardar la vida o integridad de las personas juzgadoras.