CONCANACO estima afectaciones por ola violenta en 2,000 MDP

Ciudad de México | 25 de febrero de 2026.- CONCANACO reconoció la coordinación institucional del Gobierno de México y el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública para recuperar condiciones que permitan trabajar con tranquilidad y sin miedo, y llamó a sostener la presencia institucional en territorio para reducir la presión delictiva sobre el comercio, particularmente la extorsión. 

La Confederación informó que mantiene comunicación y articulación permanente en territorio a través de sus Cámaras de Comercio y de la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF G32), como espacios de coordinación y comunicación para levantar información verificable, acompañar la continuidad operativa de los negocios y canalizar Subrayó que, más que especular con cifras, lo relevante es la señal institucional: la capacidad del Estado para proteger la operación cotidiana de la economía. “Evitamos especular: hablaremos con información verificable y seguimiento en territorio”, indicó.

Como parte del contexto, CONCANACO compartió una estimación preliminar de afectaciones en el rango de 1,500 a 2,000 millones de pesos, con impacto potencial en alrededor de un millón de establecimientos y empleo vinculado estimado en 4.8 millones de personas.

La Confederación enfatizó que estas referencias no sustituyen mediciones oficiales y que el compromiso del sector es documentar con precisión para separar percepción de evidencia. 

Enmarcó el tema como un asunto de seguridad económica: proteger a quien trabaja y a quien emprende. Señaló que la seguridad es una condición práctica para sostener empleo, inversión y actividad local: “cuando se sostiene la coordinación institucional, la economía se estabiliza”. 

Recordó que la inseguridad genera costos estructurales. Con base en ENVE-INEGI (2024, datos 2023), el costo total por inseguridad y delito para las unidades económicas asciende a 124,300 millones de pesos (0.51% del PIB), de los cuales 54% corresponde a gasto preventivo y 46% a pérdidas económicas directas.

CONCANACO destacó que la extorsión es presión directa sobre la operación: cobros, amenazas y condicionamientos que obligan a ajustar horarios, reducir inventarios, cancelar rutas o frenar inversiones, con efectos en cierres temporales, menor contratación y mayores gastos de protección. 

Como referencia nacional, citó que la ENVE-INEGI (2024, datos 2023) ubica que la extorsión —aunque no se desglosa plenamente— puede representar aproximadamente 25%–30% de los delitos reportados por empresas. 

Señaló que, si se debilitan estructuras delictivas, escenarios de referencia contemplan una posible reducción de 10%–20% en extorsión y otros delitos en zonas de alta presión. Como orden de magnitud, esto podría representar hasta 18,645 millones de pesos al año como disminución del costo delictivo para las empresas (equivalente a 0.08% del PIB), sujeto a mediciones oficiales y verificación en campo. 

Asimismo, subrayó que en coyunturas como esta puede existir desestabilización temporal (semanas/meses), por lo que reiteró su llamado a mantener canales claros de comunicación, atender información oficial y sostener la presencia institucional en territorio.

FOTO | GN Carreteras