Vinculan a ex gobernador por peculado y abuso de autoridad

Mexicali, Baja California.— El exgobernador Jaime Bonilla Valdez fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, derivados de la contratación irregular de la empresa Next Energy durante su administración, comprometiendo aproximadamente 35 mil millones de pesos.

La resolución, dictada por un juez de control tras una audiencia de casi 23 horas, establece que Bonilla enfrentará el proceso como coautor con dolo, al haber intervenido directamente en la estructuración de un contrato que comprometía al estado a pagar mas de 120 millones de pesos mensuales durante tres décadas por una planta fotovoltaica que nunca obtuvo permisos para construirse.

La Fiscalía General del Estado sostiene que el exmandatario y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo, utilizó indebidamente sus facultades constitucionales para impulsar un proyecto energético que no correspondía al ámbito estatal y que habría generado una carga financiera superior a los 30 mil millones de pesos.

El caso forma parte de una red más amplia de presuntas irregularidades: al menos 13 personas están implicadas, entre ellas un ejecutivo de Banco Afirme detenido en 2025 por la retención indebida de recursos públicos y el propietario de Next Energy, capturado ese mismo año por fraude y soborno en un esquema similar.

La administración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila canceló el contrato en 2022 por inviable y presentó las denuncias penales que hoy sostienen la acusación, la cual estima un daño al erario de 12 mil millones de pesos. Bonilla ya había sido inhabilitado por tres años en 2025 por el procedimiento administrativo derivado del mismo convenio y ahora enfrenta además una multa de 100 mil pesos impuesta por la autoridad judicial.

El proceso penal contra el exgobernador se perfila como uno de los casos de mayor gravedad en la historia reciente de Baja California, no solo por el monto comprometido y la violación de competencias constitucionales, sino por la posible existencia de un modus operandi replicado en otras entidades y que apunta a una estructura de corrupción de alcance nacional.

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