FGR cuestiona sustento probatorio en solicitudes de extradición de EU

CIUDAD DE MÉXICO | 29 de abril de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) informó que analiza las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por el Gobierno de los Estados Unidos en relación con funcionarios del estado de Sinaloa. En mensaje a medios presentado por Ulises Lara López, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, subrayó que el Ministerio Público federal debe cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos en la legislación mexicana antes de emitir cualquier determinación.

Lara López precisó que la FGR, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, revisa la documentación remitida por Washington con el fin de verificar si existen elementos probatorios suficientes para sustentar la solicitud. Señaló que “es obligación de esta Fiscalía analizar con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios”, conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables.

De manera paralela, la institución iniciará una investigación propia para allegarse de información que permita determinar si las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses cuentan con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión en México. El vocero recordó que la legislación nacional exige datos de prueba que infieran la posible comisión de un delito para solicitar una orden judicial.

Lara López advirtió que la solicitud estadounidense no está acompañada de evidencias contundentes sobre los hechos narrados. El documento oficial señala que “dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes”, lo que impide, por ahora, avanzar hacia una determinación judicial.

El vocero también reprochó que la información del caso haya sido divulgada públicamente por autoridades de Estados Unidos, pese a que el propio gobierno solicitante exige que los datos contenidos en solicitudes de extradición o detención provisional se mantengan en estricta confidencialidad. Recordó que tanto el Tratado Bilateral de Extradición como la Convención de Viena obligan a resguardar la información intercambiada entre Estados para no vulnerar procedimientos penales en curso.

Asimismo, la FGR reiteró que, tratándose de gobernadores y senadores, la legislación mexicana exige iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de solicitar cualquier orden de aprehensión.

Lara López concluyó que la Fiscalía actuará con estricto apego a la ley y pleno respeto a la soberanía nacional, advirtiendo que cualquier desviación podría vulnerar el Estado de Derecho y los derechos de las personas requeridas, los cuales —subrayó— son inalienables tanto en México como en el país solicitante.