Gobierno no protege a nadie: presidenta

CD. DE MÉXICO | 4 mayo, 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México “no protege a nadie” y que la defensa de la soberanía guiará la respuesta a la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. “¿Qué me corresponde? La defensa de la soberanía y la justicia; por eso dije: verdad, justicia y soberanía”, expresó la mandataria, al subrayar que la petición estadounidense carece de los elementos probatorios que justifiquen la urgencia requerida por la ley.

Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad viajará a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, con el fin de reforzar la coordinación institucional tras el relevo en el gobierno estatal. “Es muy importante que, frente a este cambio de gobierno, el gabinete de seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación”, señaló.

La presidenta defendió los resultados de su administración en materia de seguridad y combate a la corrupción, destacando el envío de 94 generadores de violencia a Estados Unidos, la reducción de 44 por ciento en homicidios y la detención de funcionarios municipales vinculados con delitos. “Hoy más que nunca es tiempo de principios, de honestidad y de la defensa de nuestra soberanía”, afirmó.

Petición de detención provisional exige acreditar riesgo de fuga

En conferencia, la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presentó una solicitud formal de extradición, sino una petición de detención provisional, la cual exige acreditar riesgo de fuga u obstaculización del proceso. Citó el artículo 11 del tratado bilateral, que obliga a demostrar la urgencia, y recordó que la FGR determinó que la solicitud “no está debidamente fundamentada”, por lo que se pidió información adicional al gobierno estadounidense.

Alcalde precisó que el artículo 16 constitucional y los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales respaldan la decisión de no ejecutar la detención sin pruebas suficientes. Además, recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que estos procedimientos deben manejarse con confidencialidad para garantizar el debido proceso.

Durante la conferencia también se informó que este lunes inicia la dispersión de 104 mil 768 millones de pesos correspondientes a Programas para el Bienestar, en beneficio de 32 millones de personas, según la secretaria Leticia Ramírez Amaya.

Acompañaron a la presidenta el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar; el asesor político José Alfonso Suárez del Real; y el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz.