MORENA denuncia irregularidades y “violencia institucional” en elecciones de Coahuila

Ciudad de México | 8 de junio de 2026.— El Consejo Nacional y los Consejos Estatales de Morena emitieron un pronunciamiento conjunto en el que condenan “enérgicamente” las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 7 de junio en Coahuila, a la que calificaron como un proceso marcado por “violencia institucional, persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos denominado QRGate”.

El documento señala que la elección estuvo atravesada por prácticas que, a juicio del partido, vulneran los principios democráticos. Morena afirma que hubo “detención ilegal y arbitraria de militantes y simpatizantes” tanto de su partido como del Partido del Trabajo, además de “hostigamiento contra diputadas federales” mediante la participación de corporaciones estatales que habrían operado como “brazos de la intimidación electoral”.

Estas expresiones aparecen textualmente en el pronunciamiento: “Denunciamos una elección marcada por la violencia institucional, la persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos ‘QRGate’” y “Estos hechos vulneran los principios básicos de la competencia democrática” .

El Consejo Nacional y los órganos estatales del partido aseguraron que acompañarán al Comité Ejecutivo Nacional en la ruta legal y jurisdiccional para la defensa del voto ante las autoridades electorales y financieras. Subrayaron que no permitirán que “prácticas antidemocráticas” influyan en la legitimidad de los resultados ni se normalicen en la vida pública del país.

El pronunciamiento, firmado por Alfonso Durazo en su calidad de presidente del Consejo Nacional, así como por las y los presidentes de los consejos estatales de Morena, concluye con un llamado a respetar la voluntad ciudadana: “El pueblo de Coahuila merece un Congreso que emane de la voluntad popular libre y no de la coacción” .

La dirigencia nacional y estatal del partido reiteró que continuará por la vía institucional para impugnar los hechos que, aseguran, comprometieron la integridad del proceso electoral en la entidad.

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