Sony, bajo denuncia por presuntas prácticas monopólicas en videojuegos

CD. DE MÉXICO.- La Diputada Federal Iraís Reyes y el Senador Luis Donaldo Colosio presentarán una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que investigue a Sony Interactive Entertainment por presuntas prácticas monopólicas derivadas de su decisión de eliminar el formato físico de videojuegos para PlayStation a partir de enero de 2028. 

Según los legisladores, esta medida obligaría a los consumidores a adquirir todos los títulos exclusivamente en la tienda digital de la compañía, eliminando la competencia en precios y restringiendo la libertad de elección. “Si desaparecen los discos, quien tenga un PlayStation ya no podrá decidir dónde comprar sus juegos”, señaló Reyes, al advertir que Sony se convertiría en “el único vendedor” dentro de su ecosistema.

La denuncia, presentada en calidad de usuarios y ciudadanos, sostiene que la desaparición del formato físico afectaría directamente a comercios como Liverpool, Sanborns o GamePlanet, que dejarían de competir por la venta de videojuegos nuevos, además de provocar la desaparición del mercado de reventa, préstamo e intercambio. 

Colosio subrayó que el cambio también transformaría la relación de propiedad entre consumidores y contenido digital: “Con el formato digital ya no compras un juego como antes; compras una licencia”, afirmó, recordando que el acceso queda sujeto a las condiciones que imponga la empresa.

Cita antecedentes como el retiro de contenido digital adquirido por usuarios europeos en 2022 y la eliminación anunciada de más de 500 películas del catálogo digital de Sony sin ofrecer reembolsos. 

Los legisladores advierten que la empresa concentraría simultáneamente la consola, la tienda digital, la distribución y los precios, convirtiéndose en “juez y parte de su propio ecosistema”. También alertan sobre la desigualdad en el acceso a internet en México, lo que podría dejar en desventaja a usuarios sin conexiones de alta velocidad.

La denuncia identifica dos afectaciones principales: un poder de mercado monopólico frente a los consumidores, al desaparecer el mercado secundario y la competencia de precios; y una posición dominante frente a las desarrolladoras, que quedarían sujetas a las comisiones, infraestructura y condiciones impuestas por Sony para acceder a los jugadores de PlayStation. 

Según los legisladores, estas conductas podrían constituir prácticas monopólicas relativas conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, al incrementar costos, obstaculizar a otros agentes y restringir el acceso a insumos esenciales.

Los quejosos adelantaron que buscarán sumar a la comunidad gamer a la denuncia, con el objetivo de que la autoridad determine si Sony incurre en abuso de poder de mercado y si su estrategia comercial afecta a consumidores y competidores.

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