Próxima semana, iniciativas de reforma en materia económica

CD. DE MÉXICO | 2 septiembre, 2026. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la próxima semana presentará al Congreso de la Unión una serie de reformas en el sector económico.

Al encabezar el reporte sobre reformas constitucionales en dos años de gobierno, dio a conocer que las próximas iniciativas de ley buscan apoyar a las micro y pequeñas empresas, así como fortalecer la economía digital.

“Hay varias reformas que tienen que ver con el paquete fiscal que se va a entregar, que ayudan al desarrollo de la economía. Entonces vienen esas y otras que presentaremos en su momento.”

Luego de indicar que el Ejecutivo federal entregará el paquete económico el próximo 8 de septiembre, destacó que las 27 reformas constitucionales y 76 legales impulsadas por este gobierno recuperan el sentido social de la carta magna.

“La Cuarta Transformación tiene hoy una nueva norma constitucional que echa para atrás buena parte de las reformas del neoliberalismo y recupera la soberanía, avanza en democracia, reconocimiento de los pueblos y derechos sociales: vivienda, salud, educación y Programas para el Bienestar.”

Recordó que desde la Independencia no se habían reconocido los derechos de pueblos originarios y, en materia democrática, la reforma judicial hoy permite la elección directa.

Consideró que la prohibición del maíz transgénico es otro de los cambios profundos porque significa la defensa de nuestra biodiversidad, mientras que la modificación al artículo 40 constitucional refuerza la soberanía.

La presidenta también se refirió a la votación unánime a favor de la reforma que incluyó a las mujeres en la Constitución, y subrayó que el cambio en la Ley de Aguas Nacionales implicó desprivatizar, eliminar el acaparamiento y regresar este derecho al pueblo.

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, expuso que las reformas se agrupan en temas como soberanía nacional y recuperación de la rectoría del Estado; fortalecimiento de la democracia y austeridad republicana.

Asimismo, abordan seguridad, combate a la impunidad y acceso a la justicia; bienestar y prosperidad compartida; trabajo digno; vivienda; derechos de las infancias, mujeres y pueblos indígenas.

En materia de soberanía, el Ejecutivo federal impulsó cambios constitucionales para recuperar la rectoría del Estado en sectores estratégicos como Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, quedó establecido que se aplicará nulidad en procesos electorales en caso de comprobarse injerencia extranjera.

En cuanto a democracia y austeridad, quedó prohibido el nepotismo y la reelección; diversos órganos autónomos fueron eliminados o sustituidos y quedó establecido el derecho de las audiencias de radio y televisión.

Por lo que se refiere a seguridad, las reformas fortalecen la persecución de delitos con más impacto como extorsión, tráfico de fentanilo y armas, facturas falsas, lavado de dinero y feminicidio.

A ello se suma la consolidación de la Guardia Nacional, el fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), y búsqueda de desaparecidos.

En este apartado destacan la reforma judicial, el blindaje de elecciones contra el crimen organizado y la creación de la Comisión de Integridad de Candidaturas en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Respecto a bienestar y prosperidad compartida, la Constitución establece que los Programas para el Bienestar son derechos de adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos, estudiantes y pescadores.

En materia de trabajo digno, nuestro país cuenta con legislación que reduce la jornada laboral a 40 horas, así como la brecha salarial entre hombres y mujeres; brinda seguridad social y protección a trabajadores de plataformas digitales y jornaleros agrícolas.

Igualmente, los ajustes legales por el derecho a una vivienda adecuada confieren a Infonavit y Fovissste la capacidad de construcción, mientras que otras reformas impulsan la inversión mixta, la simplificación administrativa y la digitalización de trámites.

Finalmente, nuestra carta magna reconoce la igualdad sustantiva de las mujeres; fortalece la atención integral al delito de feminicidio y reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.