Catean bodega vinculada a vicealmirante; hallan armas y documentos clasificados

Ciudad de México | 07 de septiembre de 2026. – La Fiscalía General de la República (FGR) informó que como parte de las investigaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustible, autoridades federales ejecutaron un cateo en una bodega arrendada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías, donde fueron localizadas armas sin registro, documentos clasificados de seguridad nacional y expedientes vinculados con personal naval y aduanero. 

Durante un mensaje sobre los avances de las indagatorias en torno al denominado “huachicol fiscal”, la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, señaló que las investigaciones surgieron a partir de una denuncia presentada en 2024 por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, ante el fiscal Alejandro Gertz Manero, relacionada con posibles actividades ilícitas de integrantes de la institución naval. 

La funcionaria explicó que las pesquisas derivaron inicialmente en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel almacenados en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas, hecho que permitió ampliar las líneas de investigación sobre una estructura criminal dedicada a la importación y comercialización ilegal de hidrocarburos. 

De acuerdo con la FGR, entre los principales investigados se encuentran Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, identificados como “Los Primos”, quienes presuntamente habrían construido una red de influencias para intervenir en nombramientos, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina. 

Como resultado del cateo practicado en la Ciudad de México, las autoridades encontraron objetos de lujo, listas relacionadas con aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, así como documentación clasificada como reservada y confidencial en materia de seguridad nacional. También fueron localizadas armas que carecían del registro correspondiente. 

La fiscal sostuvo que la organización operaba mediante la importación de combustible procedente principalmente de Texas, el cual era declarado como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal. Según la investigación, servidores públicos y agentes aduanales coludidos facilitaban el ingreso de los cargamentos mediante inspecciones simuladas, alteración de registros y mecanismos para evitar la supervisión oficial. 

La dependencia indicó que el combustible era posteriormente distribuido a través de empresas legalmente constituidas, apoyadas por una red de compañías fachada y esquemas de triangulación financiera para dar apariencia legal a los recursos obtenidos. 

Las indagatorias han permitido identificar posibles operaciones vinculadas con esta red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La FGR anticipó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quienes resulten implicados en estos hechos. 

FOTOGRAFÍAS | FGR Y ARCHIVO