Juez concede prisión preventiva domiciliaria a Ernesto Ruffo
Mantendrá vigilancia de la Guardia Nacional y restricciones judiciales mientras continúa el proceso penal
2026-09-25
Mantendrá vigilancia de la Guardia Nacional y restricciones judiciales mientras continúa el proceso penal
2026-09-25
Ciudad de México | 25 de septiembre de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal determinó que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Ernesto “N” (Ruffo Appel) sea cumplida en su domicilio, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
De acuerdo con la institución, la audiencia se llevó a cabo a petición de la defensa del imputado, que solicitó modificar el lugar de ejecución de la prisión preventiva al argumentar que Ernesto “N” es una persona adulta mayor y presenta diversos problemas de salud. Como parte de sus argumentos, la defensa presentó dictámenes médicos relacionados con una cirugía y distintos padecimientos.
La resolución judicial establece que el imputado deberá permanecer bajo vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional, además de mantener la prohibición de salir del país. También se ordenó el retiro de su pasaporte y visa, así como la restricción de acercarse a testigos y personas vinculadas con la investigación, mientras continúa el proceso penal en su contra.
La FGR precisó que los delitos imputados a Ernesto “N”, entre ellos delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que la imposición de esta medida cautelar corresponde a la autoridad judicial y no al criterio del Ministerio Público Federal.
En su comunicado, la Fiscalía reiteró su respeto al debido proceso y a las determinaciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, al tiempo que señaló que el procedimiento penal seguirá su curso conforme a derecho.
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