Abroga OAJ acuerdo que detonó protestas en el Poder Judicial

Persisten cerrados al menos 50 juzgados y tribunales pese a marcha atrás de autoridades

2026-11-09

AGENCIAS

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Ciudad de México | 9 de noviembre de 2026. El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) decidió abrogar el acuerdo que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, luego de las protestas y paros laborales registrados en al menos 17 entidades del país por el temor de que dicho mecanismo pudiera derivar en despidos y afectaciones a la estabilidad laboral de los trabajadores.

La determinación fue adoptada este lunes durante una sesión extraordinaria del OAJ, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado 7 de noviembre entre autoridades judiciales, representantes sindicales y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Entre los compromisos asumidos se encontraba eliminar cualquier interpretación de que las evaluaciones tendrían efectos sancionatorios o pudieran implicar la separación del cargo, así como reducir factores considerados subjetivos dentro del proceso de valoración del personal. 

El acuerdo originalmente cuestionado modificaba el sistema de carrera judicial para secretarios, actuarios y oficiales judiciales, mediante un esquema de evaluación que combinaba exámenes de conocimientos, opiniones de superiores jerárquicos y otros indicadores. Los trabajadores argumentaron que la metodología abría espacio a valoraciones discrecionales y podía convertirse en un mecanismo de presión laboral. 

Las inconformidades derivaron en movilizaciones, bloqueos y paros en diversas entidades del país. Aunque los manifestantes aseguraron respaldar los procesos de profesionalización y evaluación diagnóstica, rechazaron que éstos pudieran utilizarse para determinar la permanencia en el empleo.

Pese a los acuerdos alcanzados y a la decisión de cancelar definitivamente el mecanismo de evaluación, el OAJ informó que este lunes continuaban cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales, situación que, afirmó, afecta el acceso a la justicia para la ciudadanía. Ante ello, el organismo sostuvo que optó por abrogar completamente el acuerdo con el propósito de garantizar la impartición de justicia pronta y expedita.

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