#Libreseiguales

Las personas de la diversidad sexual pueden ser arrestadas, enjuiciadas, y encarceladas en 77 países, con fundamento en leyes discriminatorias vigentes en esos territorios, las cuales criminalizan las relaciones privadas consentidas entre personas del mismo sexo. En algunos de estos lugares también existen leyes contra el travestismo que se utilizan para castigar a las personas transgénero sobre la base de su identidad y expresión de género. Y, en pleno siglo 21, el castigo puede ser la muerte, como ocurre en, al menos, cinco países.

Si bien, en México no hay leyes que criminalicen las relaciones entre personas de mismo sexo, en nuestra cultura patriarcal y machista están arraigadas muchas actitudes homofóbicas y transfóbicas a menudo combinadas con una falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, lo que genera condiciones que vulneran los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, homosexuales e intersexuales (LGBTIQ+). 

Conscientes de las realidades que viven las personas de la diversidad sexual y de género en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2013, lanzó la campaña mundial “UN Free & Equal” con información pública destinada a promover la igualdad de derechos y el trato justo de las personas LGBTTTIQ+.

Esta campaña tiene el objetivo de generar conciencia sobre los retos en materia de derechos humanos a los que se enfrentan las personas de la diversidad sexual en todo el mundo. A través de hojas informativas, infografías, vídeos como los etiquetados con "UN Free & Equal” y otros contenidos multimedia, se pretende inspirar a personas de todo el mundo para que tomar medidas que permitan erradicar la violencia contra las personas LGBTTTIQ+.

Una inspiración que se ha traducido en leyes como la recién publicada Ley contra los llamados ECOSIEG, “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual, la Identidad o la Expresión de Género”, los cuales consisten en prácticas que, erróneamente, se denominan “terapias” y que no tienen ningún fundamento científico. En realidad, se trata de formas de tortura aplicadas a personas de la diversidad sexual. 

En el artículo 276 Octies del Código Penal local vigente se establecen penas de dos a seis años de prisión y multas de mil a dos mil UMA, además de agravantes cuando exista una relación laboral, docente, médica, doméstica o cualquier otra que implique subordinación de la víctima, así como cuando se utilice violencia física, psicológica o moral.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+ que se celebra el próximo 28 de junio, el Congreso local contribuye en buena medida al objetivo de la campaña #Libreseiguales con la publicación de estas normas jurídicas contra los ECOSIEG, indispensables para la erradicación de la violencia contra las personas de la diversidad sexual.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, que se conmemora el próximo 28 de junio, el Congreso del Estado contribuye de manera significativa a los objetivos de la campaña #Libreseiguales con la publicación de estas disposiciones jurídicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar los ECOSIEG, una acción indispensable para garantizar el derecho de las personas de la diversidad sexual a vivir libres de violencia y en igualdad, erradicando prácticas que vulneran su dignidad.

¿Usted qué opina?

En otros temas, le comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se integró formalmente a la iniciativa nacional para el Fortalecimiento del Servicio Público, impulsada por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, mediante la firma de un convenio que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, entre ellas la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana, la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional de Administración Pública.

Durante el acto realizado en la Ciudad de México, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, destacó que las universidades deben convertirse en la principal fuente de formación de los nuevos servidores públicos. En su intervención abordó el tema de la educación dual y la formación técnica para la competitividad nacional, resaltando la importancia de vincular la enseñanza con la práctica profesional para responder a las necesidades del sector público y productivo.

Asimismo, subrayó que este convenio permitirá fortalecer la colaboración entre la academia y el Estado para diseñar trayectorias formativas, actualizar planes de estudio y desarrollar competencias orientadas al liderazgo ético, la innovación gubernamental, la transformación digital y la profesionalización permanente del servicio público.

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, destacó que la incorporación del talento joven y el trabajo conjunto con las universidades son fundamentales para construir una administración pública más eficiente y competitiva. Con su participación en esta alianza, la UAT reafirma su liderazgo en la agenda educativa nacional y su compromiso de contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento de las instituciones públicas del país.