Ayotzinapa: 11 años esperando justicia

Ciudad de México | 25 de septiembre de 2025.– A once años de los hechos, persisten graves deficiencias en la búsqueda y esclarecimiento de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, realidad que ha suscrito la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su Recomendación 15 VG/2018, la CNDH reconoció que aquel 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no sólo hubo detenciones arbitrarias de normalistas, sino también agresiones mortales contra seis personas, lesiones a más de cuarenta y posibles vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos.

La recomendación, emitida tras el Informe Final del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que las autoridades federales, estatales y municipales incumplieron obligaciones de legalidad, integridad, seguridad jurídica y protección de la vida. A lo largo de siete informes el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESA) coincidieron en que las indagatorias han sido fragmentadas, carentes de detenciones por desaparición forzada y obstaculizadas por espionaje y tortura de detenidos.

En 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Secretaría de Salud suscribieron lineamientos para asistencia y posibles reparaciones. En julio de 2020, la presidencia de la CNDH urgió a las fiscalías garantizar el respeto absoluto de los derechos humanos e impulsar una investigación creíble. En marzo de 2021, la titular Rosario Piedra Ibarra escuchó a los familiares en Ayotzinapa y acordó mantener activas las medidas de la Recomendación 15 VG/2018 que contribuyan al paradero de los jóvenes.

El 18 de agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia determinó que la desaparición “constituyó un crimen de Estado con participación de integrantes de Guerreros Unidos y agentes públicos”. Un día después, la Fiscalía General de la República detuvo al exprocurador Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y obstaculización de la justicia, mientras persiste la solicitud de extradición de Tomás Zerón de Lucio, acusado de alterar evidencias y torturar a un presunto líder criminal.

Hasta la fecha, las familias de los normalistas y la sociedad exigen resultados tangibles: la localización de los 43 desaparecidos, sanción a los responsables y la implementación íntegra de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales que han documentado impedimentos y demoras injustificadas en las diligencias. La continuidad y transparencia de la investigación siguen siendo la principal demanda para restituir la confianza en el Estado de derecho.

FOTO |INSTALACIÓN MILITAR VANDALIZADA (FOTO: JEFE VULCANO CDMX)