El CCE reconoce iniciativa para fortalecer certeza jurídica en materia fiscal

Ciudad de México. - El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su respaldo a la iniciativa de reforma al Código Fiscal enviada al Congreso de la Unión, la cual propone eliminar la prelación de garantías en los procedimientos fiscales. El organismo consideró que este ajuste representa “un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado, eficiente y con mayor certidumbre jurídica”, según se lee en comunicado difundido por el propio Consejo.

La propuesta busca corregir una rigidez operativa que, en la práctica, generaba costos adicionales y restricciones para las empresas que ejercían su derecho a la defensa. El CCE destacó que permitir a los contribuyentes elegir la modalidad de garantía más adecuada a su situación financiera reducirá cargas administrativas y evitará la inmovilización desproporcionada de recursos, lo que favorecerá la continuidad de las actividades productivas mientras se resuelven los procesos fiscales.

“Al permitir que los contribuyentes elijan la modalidad de garantía más adecuada… se favorece la continuidad de las actividades productivas”, señala el comunicado.

Desde la óptica empresarial, la reforma también contribuiría a mejorar la liquidez de las compañías, disminuir espacios de discrecionalidad y reducir controversias accesorias que no aportan al fondo de los asuntos fiscales. Estos elementos, afirma el organismo, fortalecen la confianza para invertir, crecer y generar empleo en el país.

El CCE subrayó que la iniciativa no elimina la obligación de garantizar el interés fiscal, lo que preserva la solidez de la recaudación y mantiene el equilibrio entre las facultades del Estado y los derechos de los contribuyentes. La modificación, añadió, simplemente optimiza los mecanismos para cumplir con dicha obligación de manera más eficiente y proporcional.

El organismo cúpula consideró que medidas como ésta reflejan la necesidad de avanzar hacia un marco fiscal más moderno, predecible y alineado con las dinámicas de la economía productiva. También reconoció la apertura para revisar disposiciones que, sin comprometer los objetivos recaudatorios, fortalecen el Estado de Derecho y generan mejores condiciones para el desarrollo económico.

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