PT demanda juicio político contra gobernador de Coahuila

CD. DE MÉXICO.- El diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT) presentó este viernes en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal general de esa entidad, Federico Fernández Montañez, por presuntas violaciones graves a la Constitución Política, a los derechos humanos y al proceso electoral durante la jornada del pasado 7 de junio.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, indicó que ambos funcionarios permitieron actos de represión contra integrantes de Morena y del Partido del Trabajo. 

“El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo. 

“Estos hechos sucedieron antes, durante y posteriormente a la jornada electoral de Coahuila y después de estos hechos el propio gobernador se jactó que en Coahuila cualquier policía puede detener e intimidar a cualquier ciudadano violando la libertad de tránsito”, afirmó.

Mencionó que varios legisladores y legisladoras federales han descrito cómo fueron maltratados y privados de su libertad por elementos de la policía estatal, “policía política de Manolo Jiménez”.

Señaló que los programas sociales se repartieron “indiscrinadamente” en violación del artículo 134 constitucional, mientras que funcionarios estatales y subsecretarios participaron en el conteo de votos e intimidaron a las y los ciudadanos el día de la elección. 

Mejía Berdeja aseguró que también durante la jornada electoral existió una operación sistemática para la compra de votos mediante códigos QR. 

“No hubo elecciones libres y auténticas en Coahuila, el voto se compró a través de códigos QR. O sea, las elecciones eran un mercado de compra-venta de entre 500, 600 y hasta mil pesos se estuvieron comprando votos”.

El legislador explicó que presentó dicha demanda, frente a un tema electoral, porque “cuando ciudadanos denunciaban los hechos y se constituían afuera de los domicilios donde estaban haciendo estos operativos, en ese momento llegaba la policía estatal a reprimirlos, a golpearlos, a secuestrarlos para que el PRI siguiera haciendo de las suyas. Esto permitió el más grande fraude electoral”.

Mejía Berdeja indicó que fue testigo directo de la actuación de la policía estatal durante el recuento de votos en el distrito 6, con cabecera en Frontera, donde, dijo, los elementos de seguridad actuaron para intimidar a representantes y candidatos de oposición.

El legislador denunció presuntos abusos cometidos por elementos de la policía estatal contra personas vinculadas al proceso electoral, entre ellos, Antonio Flores, quien fue golpeado tras su detención y que su hermana, Tania Flores, también resultó agredida. 

“A su hermana no solamente la golpearon, Tania, sino que también le echaron gas lacrimógeno en el ojo, ahorita tiene un problema fuerte en la córnea, hubo abuso sexual y todo esto por la policía estatal”. 

Sostuvo que estos hechos forman parte de las violaciones a los derechos humanos que motivaron la presentación del juicio político en contra del gobernador y del fiscal de Coahuila.

“Yo responsabilizo directamente al gobernador Manolo Jiménez, al fiscal Federico Fernández y a los mandos de la policía estatal de cualquier agresión a mi integridad física y de compañeras y compañeros del Partido del Trabajo”.

También llamó a “la Sección Instructora” de la Cámara de Diputados a dar trámite a los juicios políticos pendientes. La política no puede estar por encima de la justicia y de la ley”. Pidió actuar contra quienes, a su juicio, han cometido delitos y violaciones a los derechos humanos.

Respecto a las irregularidades denunciadas, Mejía Berdeja consideró que lo ocurrido en Coahuila representa “una anomalía total de la democracia”.

Afirmó que la elección de diputados locales fue diseñada “para que el PRI se despache con impunidad y con gobiernos corruptos como el de Manolo Jiménez, que usa la policía para reprimir, golpear a los ciudadanos”.

Adelantó que impulsará reformas para evitar que los códigos QR y los teléfonos celulares sean utilizados como mecanismos de compra de voto. “El PRI ha hecho de lo cibernético un mecanismo de fraude; entonces, hay que regular eso”. 

Además, calificó esta práctica como “la nueva generación del fraude electoral y tenemos que ponerle un alto”.