SCJN aprueba sanciones penales contra médicos por lesiones a pacientes

Ciudad de México, 11 de noviembre de 2026. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la posibilidad de imponer sanciones penales a médicos que, por incumplimiento de su deber profesional de cuidado, ocasionen lesiones permanentes a sus pacientes, al resolver un caso que define los alcances de la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina. 

En una decisión de alto impacto para el sector salud, el máximo tribunal estableció que las lesiones culposas derivadas de la práctica médica pueden constituir delito cuando se acredite que el profesional infringió deberes objetivos de cuidado y que esa conducta provocó daños permanentes previstos en la legislación penal. 

La Corte subrayó, sin embargo, que una complicación médica, un resultado adverso o la falta de recuperación del paciente no son suficientes para configurar responsabilidad penal. Para ello debe demostrarse que existió una conducta negligente concreta que pudo y debió evitarse. 

El fallo deriva del caso de un médico neurocirujano vinculado a proceso tras realizar dos intervenciones quirúrgicas que provocaron una disminución permanente de la movilidad de una pierna de un paciente. El especialista impugnó las normas que sustentaron la acusación al argumentar que vulneraban la libertad de trabajo y principios fundamentales del derecho penal. 

Al rechazar esos argumentos, la SCJN sostuvo que las disposiciones del Código Penal Federal identifican con claridad las conductas sancionables y no criminalizan los riesgos inherentes al ejercicio de la medicina. También precisó que la actividad médica es una obligación de medios y no de resultados, por lo que ningún profesional está obligado a garantizar el éxito de un tratamiento. 

La resolución no implica que el médico involucrado haya incurrido en negligencia ni que sea penalmente responsable. El expediente fue devuelto al tribunal colegiado correspondiente para que resuelva aspectos de legalidad aún pendientes, entre ellos la suficiencia de las pruebas que sustentaron la vinculación a proceso. 

Con este criterio, la Suprema Corte fija un precedente relevante para futuros casos de presunta mala práctica médica al delimitar cuándo una actuación profesional puede trascender del ámbito civil o administrativo al penal.