Falta homologar criterios de reforma judicial en todo el país

Ciudad de México.- La reforma al Poder Judicial ha sido un avance sustancial para la aplicación de justicia, pero todavía hay retos para homologar criterios en todo el país, sobre todo en derechos para los pueblos indígenas y afromexicanos, de igualdad para las mujeres, autonomía frente a los poderes locales y una impartición de la justicia desde las necesidades regionales, afirmó la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira de la Rosa.

Durante la reunión de trabajo con integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa (AMTRIJA), la legisladora subrayó que, de cara a nuevas reformas como la construcción de la Ley Indígena que regulará el artículo 2.º constitucional, es necesario reforzar el trabajo de la justicia administrativa porque es la más cercana a la gente y la que debe dictar soluciones rápidas y apegadas a las formas de organización social de las regiones.

Al respecto, el presidente de la AMTRIJA, magistrado Andrés Ángel Aguilera Martínez, manifestó el respaldo de los magistrados del país para apoyar en la consulta a los pueblos indígenas y afromexicano, y planteó ante el Senado la necesidad de reformas que permitan la autonomía en los estados; así como la urgencia de canalizar recursos para aterrizar los juicios digitales y la interconexión, que no garantiza la seguridad cibernética en todo el país para el envío de expedientes al Poder Judicial en materia de amparo.

En el encuentro, la senadora Chavira de la Rosa recordó los avances en la Ciudad de México, como la mediación, figura que podría replicarse en otros estados para agilizar juicios en los tribunales. Subrayó que, en sus recientes giras realizadas, la población demanda la solución de conflictos como el de Playa Cocinas, Nayarit, donde exigen la defensa ambiental de su territorio o la comunidad Comcáac, de Sonora, donde hay un reclamo justo por la explotación de la Isla Tiburón, donde se permite la caza cinegética, sin retribución a la población.

Chavira de la Rosa remarcó que, en el caso de la consulta indígena, el Senado debe ser parte fundamental para aterrizar los derechos plasmados en el artículo 2.º Constitucional y garantizar que se preserven los usos y costumbres, con aplicación e impartición de justicia administrativa adaptada a las diferentes regiones, “porque es un hecho que no ha avanzado lo suficiente en algunos estados”.

Dijo que desde el Senado están dispuestos a acompañar las demandas de este sector de la impartición de justicia. “Sin duda la reforma del Poder judicial abrió esta puerta para ir analizando y conociendo a profundidad en dónde están los nudos, porque vemos condiciones legislativas en los congresos de los estados donde no se ha avanzado lo suficiente”.

En su turno, el magistrado Aguilera Martínez expuso el funcionamiento de la AMTRIJA y los cambios legales necesarios para su modernización, sobre todo, “porque es una de las ramas del derecho más humana, ya que vemos trato directo de la autoridad con el ciudadano”, que va desde las propiedades hasta las multas de tránsito que impone la policía.

Señaló que, si bien su función se sujeta al Poder Judicial, hay estados donde no tiene plena autonomía del Ejecutivo, por lo que pidió al Senado considerar reformas a los artículos 116 y 122 constitucionales, que garanticen resoluciones con plena independencia y no por, “presiones ajenas o de índole extraño o ajeno a la propia función jurisdiccional”.

De igual forma, al hacer un balance de la aplicación de la reforma al Poder Judicial, el también presidente del Tribunal  de Justicia Administrativa de la Ciudad de México alertó que en el caso de la capital se han desarrollado los sistemas necesarios para atender la Ley de Amparo y juicios digitales mandatados, por lo que ya se pueden realizar expedientes electrónicos, pero falta garantizar la seguridad cibernética para echarlos a andar.

Añadió que la falta de recursos no garantiza que en todo el país se pueda garantizar los envíos de trámites al Poder Judicial con seguridad cibernética y pidió considerar mayores recursos para este fin.

Expresó que los magistrados están dispuestos a acompañar al Senado en la revisión de la Ley Indígena, sobre todo porque en los pueblos que se rigen por usos y costumbres hay que resolver temas administrativos donde ellos se oponen con ese argumento y se entabla del diálogo, para hacerlos entender que se trata de recursos públicos donde la justicia debe intervenir.

En su turno, la senadora Mariela Gutiérrez destacó la oportunidad de realizar este balance, porque en la zona metropolitana la justicia administrativa es un tema cotidiano. “La justicia no puede ser ajena al entorno donde vive la gente, donde trabaja, donde se traslada quien padece el desorden urbano, la falta de servicios o enfrenta asimetrías jurídicas. Por ello centralizar este debate en la realidad de la Ciudad de México y su zona metropolitana es un acierto de primera orden”.

En la reunión de trabajo participaron también las y los magistrados Estela Fuentes Jiménez, Ofelia Herrera Beltrán, María Paz Silva Modragón, Guadalupe Alejandro González Navarro y Jesús Anlén Alemán, Arturo González Jiménez, que detallaron las particularidades de la impartición de justicia administrativa en el caso de las mujeres, la defensa del patrimonio cultural e histórico, entre otros temas.

Resaltaron que la AMTRIJA agrupa a más de 200 magistradas y magistrados en todo el país y respaldaron la necesidad de contar con autonomía suficiente en los gobiernos locales.