Sancionan a 35 funcionarios y tres empresas por faltas graves
Tribunal y Secretaría Anticorrupción imponen inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por más de 67 MDP
2026-07-05
Ciudad de México | 05 de julio de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, derivado de investigaciones en cinco dependencias federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones por faltas graves a 35 personas servidoras públicas y tres empresas, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas que superan los 67 millones de pesos. Las sanciones por faltas no graves fueron determinadas por los Órganos Internos de Control en ocho instituciones.
De acuerdo con el comunicado oficial, “se obtuvieron las pruebas que demostraron las infracciones graves” en áreas de Pemex, IMSS, AliBien, ISSSTE y Sepomex, lo que permitió imponer sanciones que incluyen destituciones, inhabilitaciones y multas solidarias.
En Petróleos Mexicanos se aplicaron inhabilitaciones por 10 años y sanciones económicas por 12.1 mdp a Wenceslao C. y Erika S., así como por 1.6 mdp a Arturo V. y José M., todos vinculados con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, por validar pagos de servicios no recibidos y omitir la formalización de contratos para aeronaves entre 2017 y 2018.
En el IMSS, Filiberto G. fue inhabilitado por 15 años tras omitir información sobre riesgos quirúrgicos a un paciente en 2017. En AliBien se sancionó a funcionarios y tres empresas por pagos sin evidencia de entrega de fruta deshidratada y sardina en 2019, así como por el uso irregular de contratos de distribución de leche en 2020, con multas acumuladas superiores a 53 mdp.
El ISSSTE aplicó suspensiones y una inhabilitación por irregularidades en obra pública y contratación de personal, mientras que en Sepomex se sancionó a un funcionario por autorizar un bono a un familiar.
Respecto a faltas no graves, se impusieron sanciones en Pemex, Guardia Nacional, Secretaría de Salud, AEFCM, SAT, SHCP, CNBV e IMSS. Entre ellas destacan suspensiones por conductas indebidas, uso del puesto para fines ajenos a las funciones, acoso sexual, distribución discriminatoria de actividades y entrega de información confidencial en procesos de transparencia.
La Secretaría Anticorrupción señaló que todas las resoluciones se emitieron conforme a criterios de proporcionalidad y gravedad, y que las personas sancionadas pueden impugnar. En caso de hacerlo, la dependencia “defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas: apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”.
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