PRI y MC llevan al Comité de Ética altercado en San Lázaro

Ciudad de México | 27 de octubre de 2026. - El conflicto protagonizado por legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio Legislativo de San Lázaro escaló al Comité de Ética de la Cámara de Diputados, luego de las denuncias presentadas por la bancada naranja por presuntas agresiones físicas y verbales ocurridas el pasado 20 de octubre.

De acuerdo con los señalamientos realizados por integrantes de Movimiento Ciudadano, los hechos tuvieron como principal afectado al dirigente nacional de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, quien acudía a una visita parlamentaria cuando presuntamente fue objeto de hostigamiento y agresiones por parte de diputados priistas. El legislador de MC, Gibrán Ramírez, denunció públicamente los incidentes y afirmó que la confrontación incluyó jaloneos e insultos.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, responsabilizó directamente al diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla de encabezar las acciones denunciadas. Según la versión de la legisladora, además de los enfrentamientos verbales se registraron intentos de agresión física contra integrantes de su grupo parlamentario, así como daños materiales e incursiones indebidas en oficinas asignadas a la bancada naranja.

Movimiento Ciudadano formalizó una queja ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y advirtió que también podría promover denuncias penales relacionadas con daños a la propiedad y actos de violencia institucional derivados de los acontecimientos ocurridos en el recinto legislativo.

En respuesta, el diputado priista Jericó Abramo Masso se deslindó de los hechos atribuidos a su correligionario y sostuvo que el PRI es un partido institucional que no promueve ni respalda conductas violentas dentro del Congreso de la Unión.

Como parte del procedimiento interno, el Comité de Ética fue convocado para revisar las denuncias y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades políticas o imponer alguna sanción a los legisladores involucrados.

Sin embargo, el caso tomó un giro adicional cuando Jorge Álvarez Máynez solicitó formalmente que no se aplicaran castigos a los diputados del PRI. En un oficio dirigido el 26 de octubre al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, el dirigente emecista manifestó su rechazo a cualquier expresión de violencia, pero consideró que la agenda legislativa y los asuntos nacionales prioritarios deben concentrar la atención del Congreso.

Con ello, el conflicto permanece bajo análisis de las instancias internas de la Cámara de Diputados, mientras las partes involucradas mantienen posturas encontradas sobre la responsabilidad de los hechos y el alcance de las eventuales sanciones.

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