Auditoría al INE debe alcanzar a administraciones pasadas: Sheinbaum

Ciudad de México | 28 de octubre de 2026. – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su llamado para que se realice una auditoría profunda al Instituto Nacional Electoral (INE), subrayando que cualquier revisión debe abarcar no sólo la administración encabezada por Guadalupe Taddei, sino también los contratos y gestiones anteriores durante los últimos 29 años.

Durante sus declaraciones, la mandataria sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuenta con la legitimidad y facultades necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el uso de los recursos públicos del organismo electoral.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo central es transparentar el destino de los recursos asignados al INE, cuyo presupuesto, indicó, alcanza alrededor de 20 mil millones de pesos en años sin elecciones y puede elevarse hasta 35 mil millones de pesos durante los procesos electorales. La presidenta comparó dichas cifras con los recursos de otras instituciones públicas para destacar la necesidad de revisar con detalle el gasto operativo del organismo.

La titular del Ejecutivo federal también recordó que durante el sexenio anterior la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas de algunos proveedores vinculados con contratos del instituto, aunque varias de esas empresas continuaron operando tras obtener suspensiones judiciales. Ante ello, señaló que cualquier anomalía que eventualmente sea detectada deberá derivar en las acciones legales correspondientes.

Asimismo, consideró que el relevo en la presidencia del INE abre una oportunidad para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar una gestión sustentada en los principios de transparencia e imparcialidad. En su opinión, la futura integración de la dirección del organismo debe asumir un compromiso claro con la revisión y aclaración de los procesos administrativos heredados.

La mandataria aclaró que, por ahora, el Gobierno federal no impulsará modificaciones inmediatas al marco legal electoral debido a los procesos electorales en curso. No obstante, sostuvo que corresponde a la Cámara de Diputados, a las autoridades fiscalizadoras y a las propias consejerías atender cualquier observación que pudiera surgir de una auditoría integral.