ASF investiga de oficio contrataciones en INE y OPLEs
Organismo fiscalizador audita adquisiciones efectuadas por el IFE, el INE y los organismos electorales locales del 2000 a 2025
2026-11-04
Organismo fiscalizador audita adquisiciones efectuadas por el IFE, el INE y los organismos electorales locales del 2000 a 2025
2026-11-04
Ciudad de México | 4 de noviembre de 2026. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a cargo de Aureliano Hernández Palacios, informó que mantiene en desarrollo tres líneas de trabajo enfocadas en revisar posibles irregularidades en materia de contrataciones públicas relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
De acuerdo con un informe del organismo fiscalizador, la primera acción consiste en una investigación de oficio sobre diversas irregularidades detectadas en contrataciones realizadas por los OPLEs, así como por el INE y el entonces IFE.
Paralelamente, la ASF lleva a cabo un estudio histórico de las adquisiciones efectuadas por el IFE, el INE y los organismos electorales locales entre los años 2000 y 2025, con el objetivo de identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos por parte de grupos empresariales y servidores públicos.
La tercera línea de trabajo contempla una auditoría integral al INE y una revisión de la totalidad del gasto federalizado ejercido por los OPLEs en el país.
Según la ASF, estas acciones derivan de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a las entidades federativas, los cuales habrían permitido advertir la existencia de múltiples irregularidades históricas relacionadas con el uso de recursos públicos vinculados a las autoridades electorales federales y locales.
El órgano de fiscalización señaló que las investigaciones y auditorías se realizan dentro de sus facultades legales y bajo criterios de independencia técnica, con el propósito de determinar posibles responsabilidades y documentar el manejo de recursos destinados a las instituciones electorales.
FOTOGRAFÍA | Aureliano Hernández Palacios (ARCHIVO)
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