Impulsa IP frente nacional contra extorsión y corrupción

Desde Tijuana, organizaciones empresariales acuerdan acciones de seguimiento y respaldan reformas para combatir delitos

2026-11-20

AGENCIAS

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Tijuana, Baja California | 20 de noviembre de 2026.- Organismos empresariales nacionales, autoridades federales, gobiernos locales y representantes de la sociedad civil suscribieron este viernes en Tijuana el compromiso nacional “Revolución de las Conciencias es tarea de todas y de todos: Un compromiso contra la Extorsión y la Corrupción”, una iniciativa encabezada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el G32, con el objetivo de fortalecer la prevención de estos delitos y promover condiciones de legalidad para las empresas y negocios familiares.

Durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Tijuana (CECUT), en el marco de la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, participaron representantes de las 32 entidades del país, 80 cámaras de comercio y comercio en pequeño, 38 delegaciones de CANACINTRA y las 258 cámaras confederadas de CONCANACO.

El presidente de CONCANACO, Octavio de la Torre de Stéffano, afirmó que la extorsión y la corrupción afectan por igual a sectores como el comercio, la industria, el autotransporte, los servicios, el turismo y los negocios familiares, por lo que llamó a construir una respuesta común. Señaló que ningún empresario debería verse obligado a pagar de manera ilegal para poder operar, además de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Como parte del diagnóstico presentado durante la jornada, se destacó que la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI reportó que durante 2025 alrededor de 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, equivalente al 25.9 por ciento de las unidades económicas del país. La extorsión concentró el 26.2 por ciento de los delitos cometidos contra empresas, mientras que las pérdidas asociadas a la inseguridad alcanzaron los 115 mil 100 millones de pesos. Asimismo, el estudio reveló que el 91.8 por ciento de los ilícitos permanece sin denunciar.

El informe también señala que Baja California registró la tasa más alta de victimización empresarial en México, con 3 mil 965 establecimientos afectados por cada 10 mil unidades económicas.

En su intervención, De la Torre reiteró el respaldo del sector empresarial a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión y destacó la necesidad de reducir la discrecionalidad administrativa y simplificar trámites. Informó además que más de dos mil municipios fueron invitados a incorporarse a una plataforma nacional de establecimientos mercantiles, de los cuales 168 ya cuentan con plataformas listas y 25 se encuentran operando.

El compromiso firmado contempla cuatro ejes de acción: fomentar una cultura de integridad y rechazo al soborno; fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia mediante herramientas como el 089 y el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión (CADDE); promover acciones de simplificación administrativa en el ámbito local; y establecer mecanismos de seguimiento con indicadores verificables y primeras evaluaciones a los 15 y 30 días de su implementación.

El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, llamó a erradicar prácticas de corrupción vinculadas con intermediarios irregulares en trámites gubernamentales. Por su parte, Miguel Abelardo Lepe Bravo, delegado de Gobernación en Baja California, refrendó la disposición del Gobierno federal para mantener el diálogo con el sector productivo.

A su vez, el comisario José Martín Díaz Hernández, del CADDE, informó que a través de los mecanismos de atención se han procesado cerca de 15 mil denuncias relacionadas con extorsión, lo que ha permitido evitar pérdidas estimadas en mil 500 millones de pesos. En tanto, la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, advirtió que la inseguridad continúa siendo un factor que limita la inversión, la productividad y la generación de empleo.

El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, respaldó la estrategia de colaboración entre autoridades y empresarios para fortalecer la seguridad y facilitar los trámites administrativos, al tiempo que reconoció el funcionamiento de los Kioscos Digitales Anticorrupción impulsados por la Sindicatura Procuradora.

Los organismos firmantes subrayaron que el acuerdo representa la continuidad de los pactos contra la extorsión promovidos previamente en 22 entidades federativas y sostuvieron que la seguridad, la legalidad y la formalidad son condiciones indispensables para que los negocios familiares operen y crezcan sin temor a la extorsión o la corrupción. De acuerdo con los organizadores, el compromiso estará sujeto a revisiones periódicas para evaluar resultados y evitar que quede únicamente como una declaración de intención.

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