Analizan en Parlamento Abierto marco legal en materia de seguridad privada

CD. DE MÉXICO.- Diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, analizaron en parlamento abierto el dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política en materia de seguridad privada, que tiene por objetivo lograr la armonización de la legislación en la materia en los tres órdenes de gobierno.

El objetivo, expresó la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz, es tener un marco jurídico homogéneo en cuanto a procedimientos, requisitos, criterios, equipo y registros de los prestadores de servicios, además de aportar información al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el parlamento virtual, que contó con la participación de representantes del sector empresarial, la academia y la administración pública, la diputada de Morena señaló que esta reforma constitucional “es muy importante porque se tendrá certeza de los prestadores de servicios de seguridad privada y del equipo que usan, lo que evitará que se cometan ilícitos por sujetos ajenos a la ley”.

Manifestó que la propuesta de reforma constitucional, además de identificar a los sujetos que aplicará la nueva normativa, faculta al Congreso de la Unión a legislar esta materia, respetando la concurrencia de la federación, entidades federativas y municipios.

Además, favorecerá la actividad económica, “pues quienes se dediquen a esta actividad tendrán la certeza de un marco normativo coordinador, lo que les dará total certidumbre para invertir, independientemente de la entidad federativa o municipio en que se encuentren”.

Al respecto, Alavez Ruiz apuntó que la seguridad pública es un tema de la mayor importancia para la ciudadanía, sumamente complejo, con diversas vertientes, por lo que es necesario resolver este vacío normativo en materia de seguridad privada en beneficio del Estado de derecho y de la paz y tranquilidad de la población.

“La seguridad privada es un tema de seguridad pública, así lo señalan los múltiples precedentes que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que deben quedar en la legislación secundaria plenamente definidos los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno”, expresó.

Por su parte, Juanita Guerra Mena consideró que la regulación a la seguridad privada debe ocurrir a partir de las necesidades de la sociedad actual, lo que implica definir su papel como coadyuvante en las actividades de mantenimiento de la paz y protección de la sociedad.

En ese sentido, señaló que el marco normativo bajo el que actualmente se regula es totalmente insuficiente, disperso e incluso contradictorio, lo que dificulta el establecimiento de un estándar para el ejercicio de esta actividad, pues sólo a nivel estatal, cada entidad federativa posee una ley cuyos contenidos coinciden poco o nada.

Señaló que la transformación acelerada de la sociedad mexicana trajo consigo nuevos retos en materia de seguridad, particularmente en las instancias auxiliares, lo cual evidenció la urgente necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades de regulación en la materia, “que nos permitan establecer mecanismos adecuados y coordinación-corresponsabilidad, sin dejar en abandono al sector que mucho fortalece a los aspectos de prevención en el país”.