Acusaciones sin pruebas

El golpeteo de Julio Scherer Ibarra ex consejero jurídico del presidente López Obrador contra Jesús Ramírez, coordinador de comunicación obradorista, subraya la relevancia de que las diferencias y acusaciones entre servidores públicos o exfuncionarios se procesen mediante los canales institucionales correspondientes. En un contexto donde la opinión pública juega un papel determinante, la claridad y la formalidad son esenciales para preservar la confianza ciudadana.

Ramírez respondió a los señalamientos que Scherer Ibarra hace en su libro Ni venganza ni perdón, negando categóricamente cualquier conducta indebida. En su respuesta difundida en redes sociales, afirma que “los señalamientos… no han sido acompañados por ninguna prueba” y que “las acusaciones y señalamientos son mentiras y ataques viscerales”. También sostiene que nunca ha utilizado recursos públicos con fines personales ni ha tenido vínculos con grupos delictivos: “Nunca he establecido relaciones personales o políticas con delincuentes”.

El funcionario enmarca su postura dentro de una defensa del proyecto político al que pertenece, al señalar que los ataques buscan afectar a la Cuarta Transformación. Más allá de las interpretaciones políticas, el asunto requiere que cualquier acusación sea presentada ante las autoridades competentes, con evidencias suficientes para su análisis.

La institucionalidad demanda que los procesos se conduzcan con apego a la ley, evitando que las diferencias personales o políticas se diriman exclusivamente en el espacio mediático, enturbiando más el ya de por sí contrapunteado ambiente político. 

La transparencia, la rendición de cuentas y el debido proceso son pilares indispensables para garantizar que la ciudadanía cuente con información verificable y confiable y los actores están obligados a contribuir con procesos de distensión social.

Es fundamental que los políticos mantengan un compromiso con la responsabilidad pública y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Si todo se queda en el ámbito mediático, el interes no pasa de ser político, y el objetivo se limita a desprestigiar a los adversarios, lo cual empobrece la discusión pública y reduce la estatura moral y política de quienes acusan.