Cuentas públicas reprobadas

La fiscalización en Tamaulipas dejó de ser un trámite administrativo para convertirse en un diagnóstico profundo de la fragilidad institucional que domina a los municipios del estado. Tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) han revelado, desde ámbitos distintos, un patrón que se repite con inquietante precisión: los gobiernos municipales operan con opacidad, improvisación y un desorden financiero que ya no puede explicarse como descuido, sino como una forma de administración normalizada.

La ASE entregó al Congreso 300 informes correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. De ellos, 180 fueron reprobados. Esto significa que no se logró acreditar el destino de alrededor de 10 mil millones de pesos, una cifra que por sí sola exhibe la magnitud del problema. La auditoría estatal describió prácticas que no deberían existir en ninguna administración pública: pólizas sin documentación comprobatoria, adquisiciones sin cumplir la ley, programas sin objetivos definidos, ausencia de evidencia sobre beneficiarios y entregas, y un uso indistinto de recursos provenientes de distintas bolsas. El propio auditor superior lo sintetizó con una frase que retrata el caos administrativo: “en muchos casos, ni siquiera saben de qué bolsa están tomando el dinero”.

La situación en 2023 fue aún más grave. Más del 95 por ciento de los municipios incumplió. Es decir, casi todos los ayuntamientos revisados terminaron con cuentas públicas en sentido negativo. La fiscalización estatal no solo documenta irregularidades; también revela un rezago histórico que permitió que expedientes quedaran trabados desde 2017 o 2018, facilitando la prescripción de responsabilidades. La ASE intenta cerrar esa brecha, pero el volumen de observaciones muestra que el problema no es coyuntural, sino estructural.

La ASF, desde el ámbito federal, llegó a conclusiones similares. Por primera vez revisó recursos federales ejercidos por los 43 municipios de Tamaulipas y encontró 386 millones 609 mil pesos pendientes por aclarar. Las fallas detectadas son un espejo de las observadas por la ASE: pagos sin facturación comprobable, ausencia de registros presupuestales, falta de evidencia bancaria, obras sin documentación de entrega y un manejo deficiente de fondos clave como FAISMUN y FORTAMUN. Municipios como Soto la Marina, Abasolo, Jaumave, Padilla, Tampico, San Nicolás, Tula y Matamoros concentran más de 319 millones de pesos observados, lo que demuestra que la opacidad no es un fenómeno aislado, sino una práctica extendida.

El caso del DIF Madero es quizá el ejemplo más revelador de la vulnerabilidad institucional. La ASE documentó un Balance Presupuestario no sostenible por 24 millones 703 mil pesos, derivado de un manejo financiero que violó la Ley de Disciplina Financiera. El informe lo expresa con claridad: “la entidad generó un Balance Presupuestario no sostenible por 24 millones 703 mil 864 pesos”. Que una institución dedicada a atender a población vulnerable opere con tal nivel de desorden no solo es un problema administrativo; es un golpe ético que exhibe la fragilidad de los mecanismos de control en áreas donde la transparencia debería ser absoluta.

Al comparar los hallazgos de la ASE y la ASF, el panorama es contundente. Ambas instituciones, desde esferas distintas, describen un ecosistema municipal que funciona sin controles internos, sin profesionalización y sin consecuencias reales. La coincidencia entre ambas auditorías no es casualidad: es evidencia de un sistema que ha normalizado la improvisación y la opacidad como formas de gestión pública.

¿Quién gobierna realmente las finanzas municipales? Cuando un auditor afirma que los funcionarios no saben de qué bolsa toman el dinero, no está describiendo corrupción sofisticada, sino algo más grave: la ausencia total de capacidad administrativa. Y cuando casi todos los municipios revisados en 2023 salen reprobados, la conclusión es clara: los gobiernos locales no están administrando sus recursos; están sobreviviendo a ellos.

La discusión pública debe ir más allá de la indignación momentánea. No basta con esperar sanciones, aunque son necesarias. El problema exige una transformación profunda: profesionalización obligatoria de tesorerías y áreas de adquisiciones, sistemas de control interno que no dependan de la voluntad política del alcalde, transparencia en tiempo real del gasto municipal y mecanismos de responsabilidad patrimonial para quienes repiten irregularidades. Mientras la ciudadanía exige servicios básicos, las auditorías revelan que millones de pesos se pierden en un laberinto administrativo que nadie parece controlar.

La ASE y la ASF ya cumplieron con su parte: documentar, observar y señalar. Ahora corresponde al Congreso, a los órganos internos de control y a las fiscalías demostrar que la fiscalización no es un ritual anual, sino un mecanismo real de rendición de cuentas. Si no ocurre, los 10 mil millones sin sustento de la ASE y los 386 millones observados por la ASF serán solo otro capítulo en la larga historia de impunidad municipal. Y la ciudadanía seguirá pagando, con servicios deficientes, lo que otros gastaron sin comprobar y, lo más probable, se los embolsaron impunement