Plan B sin revocación de mandato

Lo ocurrido en el Senado con el llamado plan B electoral revela fracturas notorias y consensos sin convicción. La mayoría aprobó la reforma “con modificaciones”, dejando fuera las disposiciones en materia de revocación de mandato, que habrían permitido a la mandataria federal adelantar ese mecanismo para 2027 o implementarlo en 2028.

La resistencia de aliados y opositores frente a un rediseño institucional que buscaba ajustar el calendario político del sexenio fue evidente.

La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó el golpe. En sus conferencias matutinas advirtió que ajustar la revocación de mandato no sería ceder, y acusó a la oposición de temer “perder votos”.

Fue muy clara al señalar que la reforma solo plantea la posibilidad de realizar la consulta a mitad del sexenio o un año después, sin obligar a nadie, un argumento que no convenció a los opositores ni al PT, aliado que jura lealtad, pero a la hora de la verdad mete reversa a sus compromisos.

El Senado, sin embargo, decidió con una votación significativa: 87 a favor y 41 en contra, que no es un margen menor.

La 4T ha intentado compensar el rechazo a la propuesta presidencial: el ahorro de 4 mil millones de pesos derivado de recortes en organismos electorales, regidurías y congresos locales, además de reducción a salarios en organismos comiciales y una baja paulatina en el gasto del Senado.

Otra reforma: pensiones doradas pasó por la Cámara de Diputados mientras el Senado vivía tensiones. San Lázaro aprobó sin cambios la reforma al artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, para que los empleados de confianza de empresas del Estado y banca de desarrollo no puedan jubilarse con más de la mitad de las percepciones mensuales de la presidenta de la República.

La votación fue abrumadora: 458 legisladores respaldaron el dictamen en lo general. Incluso con cuatro morenistas en contra, la reforma avanzó sin sobresaltos.

A manera de conclusión diríamos que el gobierno buscaba una reforma electoral que reconfigurara el tablero político del sexenio, pero no se concretó. La eliminación de las pensiones doradas, en contraparte, ofrece un triunfo simbólico, pero no necesariamente una solución estructural.

Más allá de las apariencias subyace un dilema que la 4T ya no puede disimular: entre la narrativa de transformación y la realidad de gobernar, las contradicciones se vuelven cada vez más visibles. Y el Legislativo, lejos de ser un brazo leal con el Ejecutivo es más bien chantajista y a ratos esa relación muestra fisuras como de matrimonio desavenido, resquicios que deben resanarse si el objetivo es mantener la alianza cuatroteísta más allá del sexenio que corre.