Injerencias indeseables

Con el último intento de reforma electoral se escapó una valiosa oportunidad para bloquear los recursos ilícitos en los procesos electorales. La propuesta que planteaba mayor fiscalización, trazabilidad financiera y prohibición de aportaciones en efectivo fue desechada por casi todos los partidos sin un debate técnico serio, sin alternativas y sin voluntad de corregir un problema que ellos mismos han reconocido durante años: la infiltración del crimen organizado en las campañas y en la selección de candidaturas. 

Ese rechazo no sólo canceló un avance posible; confirmó que las dirigencias partidistas no están dispuestas a asumir costos políticos para cerrar las puertas que hoy permiten la entrada de dinero y operadores del crimen en la competencia electoral.

La omisión es aún más grave si se observa en perspectiva. En el pasado, los legisladores aprobaron reformas que incrementaron sustancialmente el financiamiento público bajo la promesa de que más recursos permitirían blindar las elecciones frente a la delincuencia organizada. Ese argumento justificó presupuestos crecientes y un modelo de financiamiento robusto, pero la realidad demostró que la apuesta fracasó: el dinero no generó controles, no fortaleció los filtros internos y no impidió que actores infractores influyeran en candidaturas, territorios y estructuras partidistas. La narrativa del blindaje financiero terminó convertida en un espejismo costoso.

La iniciativa de voto telemático y la primera propuesta de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum representaban nuevas oportunidades para corregir ese vacío. Ambas ofrecían mecanismos para reducir la opacidad en el flujo de recursos y para limitar la capacidad de los grupos criminales de financiar campañas o condicionar candidaturas. 

Sin embargo, los partidos rechazaron esas alternativas sin argumentos razonables. La oposición descalificó la reforma por “timorata”, pero no presentó un solo mecanismo concreto para sancionar a quienes postulen candidatos con vínculos criminales. La parte oficial tampoco defendió con firmeza los candados propuestos ni buscó fortalecerlos. El resultado fue el mismo de siempre: ninguna reforma, ningún avance, ninguna barrera emanada de ese intento.

A unos meses de que inicie el proceso electoral rumbo a 2027, los partidos políticos siguen sin filtros internos que garanticen que sus candidatos no estén contaminados por organizaciones criminales. Sus procesos de selección se limitan a cumplir los requisitos mínimos que establece la ley, requisitos que desde hace años se consideran insuficientes para detectar vínculos delincuenciales. Dirigentes partidistas alegan ahora falta de recursos para implementar controles más estrictos y aseguran que la depuración corresponde a las autoridades de justicia, como si la integridad de sus propias candidaturas fuera un asunto ajeno.

En ese contexto, la ausencia de filtros no es sólo negligencia; es una señal de que existen presiones, coerciones o acuerdos tácitos que moldean las decisiones partidistas.

La combinación de antecedentes legislativos, rechazos recientes y omisiones persistentes permite leer: los partidos han tenido recursos, oportunidades y propuestas concretas para cerrar la puerta a la infiltración criminal, pero han decidido no hacerlo. Esa negativa sistemática, sin explicaciones técnicas ni políticas convincentes, abre la interpretación de que existen complicidades con poderes fácticos que los obligan a mantener un sistema permeable, donde los transgresores de la ley pueden seguir encontrando rutas de acceso al poder político.

Con 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y alrededor de dos mil cargos locales en juego en 2027, México se acerca a una elección de alto riesgo con un andamiaje institucional debilitado y con partidos que, lejos de fortalecer los controles, han optado por preservar un modelo que no ha logrado impedir injerencias indeseables.