¿El fin de los privilegios?

La aprobación del llamado Plan B en 20 congresos estatales —como informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum— marca un punto de inflexión en la narrativa oficial sobre la reorganización del poder público. Desde Palacio Nacional, la mandataria sintetizó la reforma en seis ejes que buscan desmontar privilegios históricos: no reelección, no nepotismo, reducción de recursos a congresos estatales, disminución de regidores, recortes a salarios y excesos de consejeros y magistrados electorales, además de eliminación de “pensiones doradas” inclusive. Para el Ejecutivo, la esencia del paquete legislativo ya es un proceso consumado y sólo resta su publicación en el Diario Oficial, excepción hecha de las pensiones, enmienda que ya fue publicada en el DOF esta tarde y cobra vigencia mañana sábado 11 de abril.

Antes de la presentación presidencial, diputados del grupo parlamentario morenista defendieron el proyecto como una pieza que “robustece la democracia, fortalece las instituciones y respeta el federalismo”, en palabras del diputado Víctor Hugo Lobo Román. El énfasis no sólo está en la austeridad sino en la estandarización de estructuras locales y la contención del gasto legislativo.

El documento aprobado reforma los artículos 115, 116 y 134 constitucionales. En el caso del 115, se plantea una integración municipal más homogénea, con representación proporcional garantizada y cabildos más compactos. La presidenta Sheinbaum lo resumió como una reducción necesaria de regidores, argumentando que durante años los ayuntamientos crecieron por arreglos políticos y no por exigencias ciudadanas. Los diputados reforzaron esta idea al señalar que la ampliación de cabildos generó “más espacios, más costos, pero no necesariamente mejores decisiones”.

En el artículo 116, la reforma fija un tope del 0.70% del presupuesto estatal para los congresos locales. Morena lo presenta como un mecanismo para evitar “asimetrías” y frenar inercias presupuestales que, según sus legisladores, derivaron en excesos. La presidenta lo expresó en términos más directos: los congresos estatales y el Senado “ya no pueden gastar en privilegios”.

El discurso de los legisladores también buscó contrastar esta reforma con las del pasado. Leonel Godoy recordó que, tras el conflicto postelectoral de 2006, la izquierda exigía el recuento de votos, pero la reforma impulsada entonces no atendió esa demanda. En cambio, sostiene que el Plan B sí responde a “la exigencia del pueblo”, aunque reconoce que la iniciativa original era de mayor alcance y que lo aprobado es una versión acotada.

La narrativa oficial se articula alrededor de un definido eje: austeridad, fin de privilegios y fortalecimiento institucional. Jorge Luis Sánchez Reyes lo llevó al terreno de la legitimidad social al afirmar que el gasto social de la Cuarta Transformación —que pasó de 253 mil millones en 2019 a casi un billón en 2026— es la prueba de que “primero los pobres” no es una consigna vacía. Para él, la alta aprobación presidencial es reflejo de esa “autoridad moral”.

Morena asegura que no se vulnera la soberanía estatal; la oposición acusa lo contrario. La presidenta, por su parte, enmarca todo en una cruzada contra los privilegios.

El reto será ver los resultados que se esperan de la reforma: eficiencia sin debilitamiento institucional, austeridad sin recentralización y representatividad sin precarización de los gobiernos locales.